Mazatlán, Sin. (Reacción Informativa).- Con fecha del día de hoy, Nayla Velarde Narváez, ex oficial mayor y quien fuera la presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Mazatlán, deberá comparecer ante un juez de control por el caso de “las luminarias”, donde ante la compra sin licitación y con una cantidad exorbitante, provocó que la Auditoria Superior del Estado (ASE) determinará como ilegal el anticipo entregado por 60 millones a la empresa “Azteca Lighting”.
Fue durante el segundo mandato en la Presidencia Municipal de Mazatlán del Químico Luis Guillermo Benítez Torres, que el escándalo de “las luminarias” salió a relucir, cuando se hizo una compra de 2139 luminarias que ascendían a un costo total de 400.8 millones de pesos, siendo entonces Nayla Velarde la responsable directa en la autorización de la compra.
La función del Comité de Adquisiciones es llevar a cabo los procedimientos de adjudicación por medio de licitaciones públicas y concursos simplificados para la adquisición arrendamiento de bienes y contratación de servicios que sean requeridos por el Ayuntamiento, por lo que este órgano colegiado tiene la personalidad jurídica para ejecutar todos los efectos legales.
El Comité de Adquisiciones se constituye como órgano colegiado con personalidad jurídica para todos los efectos legales, tiene por objeto llevar a cabo los procedimientos de adjudicación por medio de licitaciones públicas y concursos simplificados para la adquisición arrendamiento de bienes y contratación de servicios que sean requeridos por el Ayuntamiento.
La compra de 2 mil 139 luminarias por parte del municipio de Mazatlán a la empresa Azteca Lighting, fue el detonante para que el entonces Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, y posteriormente sus funcionarios de confianza dejaran sus cargos públicos y se iniciara una investigación por daño al erario de 60 millones de pesos.
Cabe destacar, que todos los integrantes de ese entonces del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Mazatlán, también tienen que presentarse a comparecer, y será la autoridad competente que determine el grado de culpabilidad, inclusive si en la actualidad ocupan funciones dentro del municipio o en el gobierno estatal.
