Culiacán, Sin (Reacción Informativa).- Por acuerdo de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, el Congreso del Estado de Sinaloa será sede de un Encuentro Nacional Agropecuario con el propósito de que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recupere los ideales de justicia social en el campo y garantice la soberanía alimentaria.
El diputado de Morena Serapio Vargas Ramírez, presidente de la Comisión, hizo este anuncio en conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por la diputada del Grupo Plural, Cinthia Valenzuela Langarica, y el Presidente de la Confederación Agrarista Mexicana (CAM), José Ulises Gaxiola Rodríguez.
El diputado Serapio Vargas Ramírez sostuvo que, en 1992 las reformas salinistas al artículo 27 de la Constitución Política modificaron el sistema de propiedad que protegía a la familia ejidal y al campo mexicano.
Como consecuencia, condenó, el ejido y la comunidad resintieron una serie de afectaciones que diluyeron la naturaleza social que antes les caracterizaba.
Señaló que uno de los objetivos de este Encuentro Nacional Agropecuario debe ser restablecer al ejido y a la comunidad el carácter de propiedad social, para reposicionar a los ejidos y comunidades rurales como protagonistas principales del desarrollo del campo y sujetos prioritarios de las políticas públicas.
Expuso que la Junta de Coordinación Política prepara la convocatoria para la celebración de este encuentro, en el cual se busca generar una iniciativa para rectificar el artículo 27 constitucional, modificado por el presidente Carlos Salinas en 1992, mismo que podría celebrarse en octubre o noviembre.
Desde 1992, acusó, se sentaron las bases para el asesinato del ejido y las comunidades indígenas en México.
Sostuvo que las reformas salinistas pretendían el aniquilamiento neoliberal del sector social, acabando con los créditos, el control de insumos, la producción y los precios de garantía.
“Somos la chispa que va a encender la llama para corregir lo que hizo la traición histórica del gobierno neoliberal”, subrayó.
Recordó que en 2018 se corrigieron los artículos 3 y 123 de la Constitución, en materia educativa y laboral.
Sin embargo, advirtió, que el 27 no se ha ajustado al espíritu de justicia social plasmado en 1917 para que se recupere la rectoría del Estado y garantizar así el ingreso, rentabilidad, control de insumos, producción y créditos para los campesinos.
Expuso que la reforma salinista permitió la enajenación indiscriminada de las parcelas, patrimonio de las familias ejidales, y actualmente se pueden vender, lo que regresa al ejidatario a la condición de jornalero de su propia tierra.
“El crédito era obligatorio para el ejido y al desaparecer, la gente tuvo que acudir a los coyotes porque no tenían las garantías, y para sobrevivir tuvieron que rentar o vender sus tierras”, dijo.
Afirmó que otro aspecto que se perdió fue el régimen fiscal especial para el ejidatario, que no puede ser igual que un pequeño propietario. “Necesitamos revisar cómo evitar el latifundio ejidal”, aseveró.
Apuntó que los ejidatarios se tenían que reunir cada mes, y ahora es cada seis meses con el fin de motivar la disgregación de los ejidatarios.
Destacó que la celebración del Encuentro Nacional Agropecuario desde Sinaloa tiene un valor emblemático, puesto que este estado es líder agrícola de México y fue aquí donde se fundó el primer Banco de Crédito Rural. “Es simbólico que desde Sinaloa se busque corregir el texto constitucional referente al campo”, dijo.
Enfatizó que la constitución de un nuevo marco jurídico debe garantizar la soberanía alimentaria al respaldar la producción nacional y el crecimiento de la economía campesina.
Por su parte, la diputada del Grupo Plural Cinthia Valenzuela Langarica, declaró que los problemas de comercialización de los productos del campo y los bajos niveles de almacenamiento de agua en las presas de Sinaloa, también motivaron el acuerdo de la Comisión para encontrar soluciones y definir una ruta en torno a la reforma del 27 constitucional.
“Se trata de construir una propuesta en consenso para que el sector campesino le vaya bien, somos un estado que fortalece la soberanía alimentaria del país”, dijo.
Por otro lado, el diputado de Morena Serapio Vargas Ramírez, presidente de la Comisión, hizo un enérgico llamado a Leonel Cota Montaño, Director General de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), para que cumpla su compromiso de pago del apoyo complementario por tonelada a los productores de trigo de Sinaloa.
Explicó que el gobernador Rubén Rocha Moya ya cumplió su palabra de otorgar 300 pesos por tonelada a los trigueros.
No obstante, dijo, existen alrededor de 3 mil 80 productores que están esperando el pago complementario de SEGALMEX de aproximadamente 2 mil 12.68 pesos.
Lo anterior, explicó, implica una dispersión pendiente de 400 millones de pesos, urgiendo se haga un cronograma de pagos para dar respuesta a los productores, ante la proximidad del ciclo agrícola 2023-2024.
