Culiacán, Sin (RI Noticias).- Este martes, Iniciativa Sinaloa presentó una propuesta legislativa en la oficialía de partes del Congreso del Estado que busca evitar que personas con antecedentes de agresiones hacia periodistas o defensores de derechos humanos puedan ocupar cargos públicos en el estado.
Cibely Cañedo, coordinadora de proyectos de Iniciativa Sinaloa, explicó que la iniciativa tiene como objetivo fortalecer la credibilidad y legitimidad de las instituciones públicas en Sinaloa.
La propuesta consiste en modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, agregando nuevas fracciones en los artículos 38, 116, y 11, así como en los artículos 12 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
Este contexto, dijo, se exige fortalecer el marco jurídico estatal y la colaboración con instancias federales para garantizar la seguridad y justicia para las víctimas de agresiones.
Cibely Cañedo reiteró que con esta reforma, se busca crear un marco preventivo que desincentive las agresiones a periodistas y, a la vez, refuerce la integridad y confianza en las instituciones públicas del estado.
“Está iniciativa tiene la intención de ampliar la conocida Ley tres de tres contra la violencia la cual se aprobó en 2023 y busca impedir que agresores que tienen antecedentes de violencia de género, deudores alimenticios o acoso sexual lleguen a ocupar cargos públicos y en esta ocasión lo que buscamos es que los agresores de personas defensoras de derechos humanos y periodistas no lleguen a ocupar cargos públicos”, dijo.
En atención a medios dijo que desde hace varios años, la normativa mexicana ha instaurado criterios para asegurar que el servicio público cuente con funcionarios de calidad, éticos y respetuosos de los derechos humanos por lo que no se trata de un enfoque dirigido a casos específicos, sino más bien de una estrategia para inhibir este tipo de conductas.
Sostuvo que en Sinaloa, desde mayo de 2022, se tipificó el delito contra la libertad de expresión y contra la vulneración de derechos humanos en el Código Penal, sin embargo, en la Fiscalía hay muy pocas investigaciones relacionadas con esta figura, y que generalmente se siguen investigando como delitos comunes.
Finalmente, dijo es fundamental reforzar el marco jurídico en torno a la libertad de expresión, particularmente para proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos.
