Culiacán, Sin (RI Noticias).- Diversas organizaciones civiles en Sinaloa, agrupadas en la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS), manifestaron su preocupación ante la posible desaparición de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), advirtiendo que esta acción representaría “una regresión histórica” al debilitar los mecanismos autónomos que garantizan derechos fundamentales como el acceso a la información y la protección de datos personales.
En un pronunciamiento público, RECIAS alertó sobre los riesgos de trasladar las funciones de la CEAIP a dependencias del Poder Ejecutivo, como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que, señalaron, convertiría a las autoridades en “juez y parte”, debilitando los contrapesos democráticos y afectando directamente la rendición de cuentas.
La posible desaparición de la CEAIP se enmarca en el contexto de una reforma constitucional a nivel federal que eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), generando preocupación por su impacto en los estados.
Ante este panorama, las organizaciones civiles exigieron al Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo la apertura de espacios de diálogo con especialistas, académicos y sociedad civil para diseñar un nuevo modelo estatal que fortalezca la transparencia y garantice los derechos ciudadanos.
Entre sus propuestas se encuentran: realizar un diagnóstico técnico del estado actual del derecho a la información en Sinaloa, establecer mesas de trabajo abiertas y convocar foros públicos de consulta en distintas regiones del estado para fomentar una discusión amplia e inclusiva.
“Lo que pedimos es que abran las puertas a las organizaciones para generar un consenso y garantizar la atención a los recursos de revisión y el acceso a la información para la ciudadanía”, expresó Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa.
RECIAS subrayó que en la entidad existen más de 240 sujetos obligados, entre ellos los tres poderes del estado, 20 ayuntamientos, organismos paramunicipales, sindicatos y universidades que deben rendir cuentas, por lo que cualquier nuevo modelo debe asegurar su cumplimiento en todos los niveles.
Finalmente señalaron qué hasta el momento, ni el Congreso local ni la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas han emitido respuesta a este llamado al diálogo con las organizaciones civiles, por lo que exigen se les abran las puertas a las organizaciones para generar consensos y Garantizar la atención de los recursos de revisión y así garantizar el acceso a la información a la ciudadanía
