Este domingo, México será escenario de una inédita jornada electoral, cuya legitimidad y origen han sido ampliamente cuestionados por analistas y medios. Según la columna Estrictamente Personal de este viernes, titulada “La consumación del berrinche”, de la autoría del periodista Raymundo Riva Palacio, lo que se decidirá en las urnas no es una ampliación democrática del Poder Judicial, sino la consolidación de un proyecto autoritario gestado desde Palacio Nacional.
De acuerdo con Riva Palacio, el voto popular que avalará la elección de jueces y magistrados forma parte de una venganza del expresidente Andrés Manuel López Obrador contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En palabras del columnista, esta acción culmina una reforma judicial impulsada desde septiembre, que fue aprobada por una mayoría calificada ficticia, resultado de una mayoría artificial en el Congreso. Según su análisis, este proceso marcaría el fin de la transición democrática en México, regresando al país a los tiempos de un sistema hegemónico y autoritario.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que no habrá un Poder Judicial más democrático que aquel que surja del voto directo de los ciudadanos. Sin embargo, Riva Palacio califica esta declaración como una afirmación superficial y sin argumento de fondo, ya que confunde democracia con control absoluto del Ejecutivo.
“La democracia no se basa en la voluntad de uno, sino en el equilibrio de poderes”, apunta el periodista, subrayando que este modelo ignora las bases fundamentales de un Estado de Derecho. La preocupación no es sólo quiénes serán electos, sino el proceso en sí mismo, pues se ha caracterizado por una campaña de movilización corporativa impulsada desde el Ejecutivo federal y ejecutada por gobernadores de Morena e incluso de Movimiento Ciudadano, como ha sido documentado por varios medios.
El análisis indica que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha organizado un proceso con menor transparencia que los anteriores: los votos no serán contados en las casillas por los ciudadanos, sino en distritos electorales por el propio INE, y las boletas no utilizadas no serán canceladas, lo que ha despertado sospechas, al igual que la circulación de boletas marcadas desde días antes.
Además, según la encuestadora Enkoll, 86% de los mexicanos dice estar enterado de la elección, pero 77% no sabe quiénes son los aspirantes. Pese a ello, 65% cree que aumentará la confianza en el Poder Judicial, con la expectativa de que se reduzca la corrupción, aunque no hay evidencia que respalde esa esperanza. Por el contrario, especialistas, incluso afines al régimen, anticipan una regresión institucional.
Para Riva Palacio, el nuevo sistema judicial no ofrece certezas. Elegir juzgadores por voto popular es comparable a votar por el cirujano que realizará un trasplante de corazón, sin conocer su preparación ni trayectoria. Entre los más de 3 mil aspirantes registrados, hay quienes tienen méritos, pero el criterio dominante ha sido el respaldo político y económico, no la capacidad jurídica.
En este contexto, la justicia en México corre el riesgo de quedar sujeta al poder político o al poder adquisitivo, perpetuando las mismas injusticias estructurales que esta reforma prometía eliminar. La elección judicial del domingo, lejos de representar un avance democrático, podría agravar la incertidumbre legal y frenar inversiones extranjeras, mientras la credibilidad del sistema se erosiona.
La columna concluye que el proceso es producto de “el berrinche vitriólico de un solo hombre”, cuyas consecuencias podrían marcar por décadas el rumbo del sistema judicial y democrático de México.
