Mazatlán, Sinaloa (RI Noticias).-El programa “Regeneración Comunitaria Infonavit” ha generado opiniones encontradas. Si bien ha sido recibido con agrado por aquellos que, ante la necesidad, ocuparon viviendas abandonadas en diversas partes del país, también ha causado descontento entre quienes, con esfuerzo y trabajo, adquirieron una propiedad. Estos propietarios, a pesar de mantener sus inmuebles en óptimas condiciones incluso si no los habitan, se han visto afectados e incluso, en algunos casos, sus propiedades han sido allanadas a pesar de ser los legítimos dueños.
Sin embargo, para ahondar en el tema, aunque el Infonavit presentó un plan para regularizar la situación de viviendas ocupadas irregularmente, ofreciendo un esquema de renta con opción a compra para evitar desalojos violentos. Esta iniciativa, anunciada por el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, busca beneficiar a personas que habitan estas casas siempre y cuando no exista una denuncia o carpeta de investigación por allanamiento o despojo.
Al 13 de junio, se han censado 168 mil viviendas con irregularidades, de las cuales 145 mil están ocupadas de forma irregular. La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a evitar desalojos forzosos y dialogar con los ocupantes. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación aclaró: el programa no aplicará en casos donde ya exista una denuncia legal, priorizando el derecho a la propiedad de los dueños originales.
El programa, también busca rehabilitar y reinsertar viviendas en mal estado al mercado secundario, mejorando el entorno urbano. Se coordinará con empresas privadas como conversores. Además, el Infonavit contempla que los propietarios originales puedan recuperar sus viviendas si regularizan su situación antes del traspaso legal.
Esta estrategia forma parte de un plan nacional para recuperar 600 mil viviendas abandonadas y reducir el déficit habitacional. Aunque la regularización busca dar certeza legal a los ocupantes y prevenir desalojos forzosos, las autoridades advierten sobre la necesidad de supervisar a los intermediarios privados y garantizar que los derechos de los propietarios originales no sean vulnerados. El desafío será equilibrar la demanda habitacional con el respeto a los derechos adquiridos.
