La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la nueva Ley de la Guardia Nacional (GN) y realizar modificaciones a diversas leyes secundarias con el objetivo de formalizar la adscripción del organismo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La reforma obtuvo 22 votos a favor de Morena, PT y PVEM, siente en contra de PAN y PRI y dos abstenciones de Movimiento Ciudadano.
Con esta legislación, la Guardia Nacional (creada originalmente como una institución civil), se consolidará como una fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente, integrada por personal militar con formación policial, adscrita administrativa y operativamente a la Sedena.
De acuerdo con la mandataria, el dictamen forma parte del proceso de armonización jurídica derivado de la reforma constitucional aprobada el 30 de septiembre de 2024.
La nueva ley establece que el titular de la GN será nombrado por el Ejército Mexicano a propuesta del secretario de la Defensa y ostentará el grado de General de División. Asimismo, los integrantes de la Guardia Nacional serán sujetos a la jurisdicción penal militar y al fuero de guerra, con rangos equivalentes a los del Ejército Mexicano.
Facultades ampliadas: inteligencia, intervención y convenios
Además de definir la estructura militar de la Guardia Nacional, la iniciativa a esta corporación da nuevas facultades en materia de inteligencia, como la realización de operaciones encubiertas, uso de usuarios simulados e intervención de comunicaciones privadas. También se le faculta para solicitar a empresas de telefonía móvil información en tiempo real sobre usuarios y georreferenciación de equipo.
De igual manera, la GN podrá colaborar con policías estatales y municipales mediante convenios firmados por la Sedena para ejecutar operativos conjuntos, así como asumir funciones de investigación de delitos bajo la conducción del Ministerio Público Federal, respetando el debido proceso.
Dicha iniciativa, también propone reformas a un paquete normativo para consolidar el traspaso, incluyendo las modificaciones a:
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
- Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana
- Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana
- Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana
- Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana
- Código de Justicia Militar y Código Militar de Procedimientos Penales
Criticas por posible militarización
La aprobación del dictamen se dio en medio de un debate ya que, legisladores de loa oposición, acusaron que esta reforma representa una militarización de la seguridad pública y vulnera el carácter civil original de la Guardia Nacional.
Por su parte, el diputado Emilio Suárez Licona, del PRI, alertó que la reforma abre la puerta a una militarización indirecta de la policía local y estatal mediante convenios, además de que habilita funciones encubiertas sin los límites que exige la Constitución.
A su vez, Margarita Zavala, partidaria del PAN, advirtió que la reforma presenta contradicciones legales, debilita la función civil del Sistema Nacional de Seguridad Pública y no contempla impactos presupuestales.
Además, la legisladora Paulina Rubio, del PAN, advirtió que la estructura otorga a la Sedena un poder desproporcionado sobre la seguridad e inteligencia del país, sin contrapesos, incluso dentro del Poder Judicial.
“Esta reforma se hace a sabiendas de que la nueva integración de la Corte no la detendrá”, declaró.
El priista Arturo Yáñez, también advirtió que, con esta reforma, el país avanza hacia un “Estado policiaco”, al permitir intervenciones y vigilancia sin suficientes controles civiles.
Próximo debate en periodo extraordinario
El dictamen será discutido en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso previsto entre el 23 y el 30 de junio, donde se contempla votar al menos 23 reformas prioritarias impulsadas por el Ejecutivo.
El gobierno federal y la mayoría legislativa buscan consolidar así el traspaso definitivo de la Guardia Nacional a la Sedena, reforzando su papel dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y dejando atrás el esquema mixto que mantenía la GN bajo control administrativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
