La Cámara de Diputados aprobó en lo general este martes, con 349 votos en pro,132 en contra y cero abstenciones, el dictamen con el cual la Guardia Nacional formará parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se define como una fuerza de seguridad pública e integrada por personal militar con formación policiaca.
Con dicho dictamen, esta instancia se sujetará a las disposiciones establecidas en el reglamento de reclutamiento de las Fuerzas Armadas, también establece que los grados que existen en el ejército se verán homologados, es decir, en la Guardia Nacional tendrá a sus generales, jefes y oficiales, así como en la Sedena o Semar.
Cabe destacar que ante la polémica sobre el artículo 44 de dicha ley, donde se lee que elementos del Ejército podrán participar por cargos de elección popular, todas las bancadas y sus coordinaciones, aclararon que este artículo ya existía previo a la anexión de la Guardia Nacional a la Sedena, solo que ahora los elementos que se integran a las Fuerzas Armadas también podrán pedir licencia para participar por dichos cargos siempre y cuando cumplan con los meses y los años de su separación, ya que es constitucional.
De acuerdo con el Julio César Moreno Rivera (Morena), presidente de la Comisión de Justicia manifestó que el dictamen por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional propone que esta instancia forma parte de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, lo que significa que deben coordinarse con protocolos, así como compartir información, definir tareas bajo una supervisión conjunta, y con ello habrá “una seguridad más efectiva, reaccionando eficientemente con mayor capacidad y equipamiento”.
“Ley de la Guardia Nacional establece que los fines de dicho cuerpo policial son salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades, generar el orden público y la paz social”, dijo.
Por su parte, la oposición del PRI y PAN reiteraron el discurso de que el aval a dicho dictamen es autoritario y “un paso a la militarización del país”.
Rubén Moreira Valdez señaló que la Guardia Nacional es contraria a los convenios internacionales y a las recomendaciones de las organizaciones de Derechos Humanos. “Hay un gran riesgo para la paz y la defensa de las garantías individuales”, dijo.
En ese marco, los diputados Arturo Yáñez, Graciela Ortiz, Emilio Lara y Verónica Martínez declararon que la construcción de la Guardia Nacional “se está dando porque el gobierno está quebrado y no tiene los recursos para constituir una policía civil, por lo que utilizan la capacidad instalada del Ejército”.
Por esta razón la oposición exigió de nueva cuenta que se publique la reforma al artículo 123 constitucional para que los policías municipales y estatales tengan un salario profesional digno que ahora sería de 17 mil 500 pesos, más prestaciones y que esto mejoraría las condiciones de los elementos civiles de seguridad.
