Mazatlán, Sinaloa (RI Noticias).-Ante el inminente anuncio del gobierno federal sobre un programa para regularizar viviendas ocupadas, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Mazatlán, José Luis Arreola, hizo un enérgico llamado a las autoridades federales para que implementen un censo exhaustivo y estudios socioeconómicos rigurosos, a fin de garantizar que las viviendas sean asignadas a quienes realmente las necesitan y evitar actos de corrupción.
Arreola expresó su preocupación por la posible entrega de facilidades para que personas que invadieron propiedades o que no son dueñas de los inmuebles, puedan quedarse con ellas. Si bien reconoció que el programa podría ser beneficioso para personas de escasos recursos que no tienen acceso a créditos bancarios o empleos formales, enfatizó la importancia de la transparencia.
“Hay mucha gente en Sinaloa que no tiene casas. Ojalá que ese programa que se esté lanzando sea realmente para gente que lo ocupa y lo necesita y no se preste a corrupción y que líderes que están ayudando a la gente, porque son varios líderes, no se queden ellos mismos con dos, tres casas para sus familiares”, declaró Arreola.
El líder priista reiteró que, si bien es una buena iniciativa para quienes trabajan en el comercio informal y pueden pagar cuotas accesibles, es crucial evitar que la legalización de una invasión se convierta en un precedente negativo. “Vamos viendo si se lo van a dar a la gente que lo necesite. Yo sí apuesto a que personas que realmente lo necesiten adquieran una casa porque no van a poder tener una casa nunca”, afirmó.
No obstante, Arreola advirtió sobre el “talón de Aquiles” del programa: la corrupción, puesto que el programa se puede prestar a ello, y es donde se puede descomponer, e Inclusive, dijo, que la misma gente que trabaja en estos programas se puede prestar a que, el familiar o el amigo sean los beneficiados sin necesitarlo.
Finalmente, José Luis Arreola fue categórico al diferenciar entre casas abandonadas y aquellas que están siendo pagadas por sus legítimos dueños, ya que si hay personas que están pagando su casa y se la invadieron, esas casas no se deben vender.
