Mazatlán, Sin (RI Noticias).-La implementación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México, que busca la conectividad universal, genera una profunda preocupación entre periodistas y organizaciones de libertad de expresión. El gremio alerta que la normativa podría vulnerar seriamente el trabajo periodístico y la libertad de expresión, afectando el derecho a la información de los ciudadanos.
Las principales inquietudes radican en el potencial de censura y la discrecionalidad que otorga a las autoridades. La ley presenta definiciones ambiguas de “desinformación” o “contenido ilícito”, lo que, según los críticos, podría permitir a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) un organismo gubernamental bloquear o suspender contenidos periodísticos de forma arbitraria. La concentración de amplias facultades en la ATDT, incluyendo la supervisión y cancelación de concesiones bajo criterios subjetivos como “interés público” o “seguridad nacional”, eleva el temor a decisiones influenciadas políticamente.
Otro punto de alarma es el registro de usuarios de telefonía móvil. Aunque no se especifica explícitamente, organizaciones como R3D (La Red en Defensa de los Derechos Digitales) advierten que este registro podría facilitar la identificación y el monitoreo de fuentes periodísticas, comprometiendo la privacidad y la protección de quienes colaboran con la prensa de investigación.
La falta de claridad en torno al “ejercicio razonable de investigación” y las posibles multas y sanciones económicas, que podrían forzar a los medios a la autocensura, refuerzan la percepción de una amenaza a la independencia editorial y la pluralidad de voces.
En esencia, la preocupación central es que, más allá de sus objetivos de conectividad, las ambigüedades y el poder concentrado en la nueva ley podrían ser usadas para restringir la libertad de expresión y silenciar la crítica, sentando un precedente negativo para la transparencia democrática en México.
