Washington, D.C.- En medio de intensos debates y divisiones internas, el Senado de Estados Unidos dio luz verde al controvertido paquete fiscal impulsado por el presidente Donald Trump, conocido como el ‘Gran y hermoso proyecto de Ley’, que contempla, entre otros puntos, un nuevo impuesto a las remesas enviadas al extranjero.
Con apenas un voto de diferencia, la iniciativa superó la votación en la cámara alta, gracias a la intervención del vicepresidente JD Vance, quien desempató tras más de 24 horas de estancamiento legislativo.
Uno de los aspectos que más ha generado inconformidad, especialmente entre las comunidades migrantes, es la aprobación de un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo, una medida que, según Trump, busca “proteger la economía estadounidense”, pero que ha sido duramente criticada por su posible impacto en millones de familias que dependen de ese recurso, especialmente en América Latina.
Además, el plan fiscal prevé fuertes recortes en programas sociales clave, como Medicaid, que brinda cobertura médica a personas de bajos ingresos, y SNAP, el programa de asistencia alimentaria. Por otro lado, incrementa significativamente el presupuesto destinado al Departamento de Defensa y a políticas de control migratorio.
De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta reforma fiscal podría disparar la deuda pública estadounidense en 3.3 billones de dólares durante la próxima década, uno de los puntos que incluso generó resistencia dentro del propio Partido Republicano, donde 53 senadores votaron en contra de la propuesta.
A pesar de las críticas y el rechazo de la oposición demócrata, así como de legisladores independientes, Trump celebró el avance de su plan a través de su red Truth Social, destacando que la iniciativa sigue su curso hacia la Cámara de Representantes, donde se prevé un debate aún más complejo.
Trump ha manifestado su intención de firmar la ley el próximo 4 de julio, coincidiendo con las celebraciones del Día de la Independencia, lo que, según analistas, busca enviar un mensaje político de “fortaleza económica y soberanía nacional”.
Sin embargo, organizaciones civiles, expertos económicos y legisladores opositores advierten que este megaproyecto podría profundizar la desigualdad y limitar el acceso a derechos básicos para millones de ciudadanos, mientras concentra aún más recursos en áreas como defensa y vigilancia migratoria.
