Desde septiembre de 2024, Sinaloa vive una crisis de violencia que ha dejado 50 menores de edad asesinados, de acuerdo con cifras oficiales actualizadas hasta el 3 de julio de 2025.
La mayoría de los casos están relacionados con la disputa entre grupos del crimen organizado, aunque también se han registrado hechos vinculados a violencia intrafamiliar y presunto uso excesivo de la fuerza por parte de elementos del Ejército.
El caso más reciente ocurrió la mañana del jueves 3 de julio, cuando César “N”, de 17 años, fue ejecutado tras un ataque armado en su domicilio ubicado en el sector Barrancos, en Culiacán.
De acuerdo con los reportes, un comando armado irrumpió en la vivienda alrededor de las 7:30 horas y, en medio del caos, César fue asesinado cuando intentó huir. En el mismo ataque, otras tres personas fueron privadas de la libertad; sólo una logró escapar.
Dos días antes, el lunes 30 de junio, otro menor, identificado como Carlos Efraín “N”, también de 17 años, perdió la vida tras un ataque directo en la colonia Plutarco Elías Calles, en la misma ciudad. El crimen ocurrió poco antes de la medianoche.
Ambos casos engrosan una estadística que refleja la vulnerabilidad de niños y adolescentes en el contexto de la violencia armada que afecta a Sinaloa.
Víctimas del crimen, de sus entornos… y del Estado
Aunque la mayoría de los asesinatos de menores han ocurrido en contextos ligados al crimen organizado, otros casos muestran la complejidad de la violencia en la entidad.
Uno de los más documentados fue el ataque del 19 de enero, en el que Gael y Alexander, de 12 y 9 años respectivamente, fueron asesinados junto con su padre, Antonio, mientras viajaban en su vehículo por el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán.
Las víctimas se dirigían por la carretera a Imala, cerca del Hospital General, cuando fueron emboscadas. La Fiscalía General de la República atrajo el caso y, en marzo, fueron detenidos Jesse “N”, alias ‘Jessy’, y Juan Carlos “N”, alias “Cholo”, presuntos miembros de una célula criminal vinculada a homicidios, tráfico de armas y secuestros.
A pesar de la violencia entre grupos delictivos, no todos los casos son atribuibles al crimen organizado. El pasado 6 de mayo, Leidy y Alexa, de 11 y 7 años, perdieron la vida en la comunidad de La Cieneguilla, en Badiraguato, tras una visita familiar.
Inicialmente se reportó que habrían muerto por fuego cruzado, pero el gobernador Rubén Rocha Moya negó esa versión. Familiares denunciaron que se trató de un ataque directo por parte de elementos del Ejército Mexicano.
A raíz de estas acusaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional puso a disposición de la Fiscalía General de la República a los militares involucrados, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo el caso.
Una violencia que no cesa, ni respeta edades
Entre las víctimas también hay casos de violencia doméstica. Uno de los más estremecedores fue el feminicidio de Astrid, de 26 años, y su hijo Dante, de apenas 6 años, presuntamente asesinados por Jesús Fernando “N”, esposo y padre de las víctimas.
De acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, hasta el 29 de junio se contabilizaban 48 menores asesinados. Con los casos de César y Carlos Efraín, la cifra asciende a medio centenar.
Organismos civiles han señalado que el impacto de esta violencia en la niñez y adolescencia sinaloense es devastador, y que las acciones de las autoridades siguen siendo insuficientes.
Pese a algunas detenciones y el involucramiento de la FGR en ciertos expedientes, la impunidad y la falta de prevención siguen marcando el panorama.
