La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, argumentó que se insistirá que el Gobierno de Estados Unidos informe a nuestro país sobre la detención del narcotraficante Ismael Mayo Zambada, en la víspera de que se cumpla un año de ocurrida.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo detalló que debe existir confianza mutua entre ambos países en temas como seguridad.
- Seguimos insistiendo, obviamente depende del Gobierno de EE.UU. dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo”, sostuvo.
“Nosotros estamos de acuerdo siempre en colaborar y coordinarnos, hay buena colaboración y coordinación, sin injerencismo, sin subordinación, pero siempre buscando la confianza mutua, porque tiene que haber confianza de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos en lo que tiene que ver con seguridad y otros temas, es una base fundamental del respeto a las soberanías y del acuerdo de coordinación y cooperación”, externó.
Las detenciones de Ismael Mayo Zamada y Joaquín Guzmán López, ambos líderes del Cártel de Sinaloa, ocurrieron el 25 de julio de 2025 después de que aterrizaran en un aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos.
Zambada García ha argumentado que Guzmán López, hijo de Joaquín Chapo Guzmán, lo secuestró y lo llevó a la fuerza a la Unión Americana.
El Gobierno de México, en ese entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador (2018-2025) exigió desde un primer momento al Gobierno de EE.UU. información sobre dichas detenciones, la cual no ha sido proporcionada.
El Mayo Zambada, de 77 años de edad, está acusado en EE.UU. de 17 cargos relacionados con el narcotráfico, en un caso de “gran complejidad” -en palabras del juez encargado, Brian Cogan, que condenó al Chapo Guzmán- que podría acarrearle incluso la pena de muerte si llega a juicio.
En abril pasado, se dio a conocer en un documento que la Fiscalía de EE.UU. negocia con los abogados del narcotraficante un acuerdo de culpabilidad.
El cofundador del Cártel de Sinaloa entregó una carta en el Consulado de México en Nueva York en la que considera que el Gobierno de México “debe intervenir” en su caso y pedir su repatriación “a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países”.
