Culiacán, Sin (RI Noticias).- El presidente de la Feración de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa A.C., Francisco Javier Villarreal Gastélum, señaló serias inconsistencias jurídicas en el caso del amparo promovido por el alcalde con licencia de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, cuyo plazo legal venció el pasado 29 de julio.
El tema ha generado controversia y una ola de declaraciones encontradas, particularmente desde el Congreso del Estado.
Villarreal Gastélum aclaró que el amparo sí puede recurrirse por medio de los recursos de revisión, reclamación y queja, desmintiendo así la versión del Congreso, que afirmó que el amparo no era procedente.
“Dijo que el Congreso era irrecurrente el amparo, lo cual nosotros como estudiosos de derecho decimos que no es cierto, el juicio amparo se recurre por la vía de revisión, reclamación y queja. La ley de Amparo lo contempla, los asuntos no se ganan con declaraciones, se recurren ante las autoridades”, externó.
El abogado explicó que la Ley de Amparo contempla excepciones de jurisdicción territorial cuando existen conflictos de interés, lo que permitiría que el caso sea llevado por un juez de otra región, como sucedió con el juez federal de Zacatecas.
Además, planteó una pregunta clave, si los hechos que originaron el proceso ocurrieron en Los Mochis, ¿por qué no se llevó a cabo ahí el juicio penal? También sugirió que el caso pudo haberse desviado por intereses o instrucciones ajenas a la legalidad.
Sobre la compleja situación política, el abogado denunció un hecho inédito en Sinaloa donde actualmente existen tres figuras que reclaman la alcaldía de Ahome, situación que no tiene precedente lo cual incluye al alcalde electo por mayoría, a una presidenta nombrada por el cabildo, y a otro funcionario impuesto, presuntamente, por el Congreso local.
También cuestionó la premura con la que se llevó a cabo el juicio de desafuero contra Vargas Landeros.
“En menos de una semana lo notificaron, iniciaron juicio político, y lo desaforaron. ¿Dónde quedó el debido proceso?”, señaló.
Finalmente, el abogado hizo un llamado a respetar el marco legal.
“Los asuntos no se resuelven con declaraciones públicas, sino agotando los recursos legales. Si no están de acuerdo con la resolución del juez federal, que lo recurran. No hacerlo puede constituir desacato y abuso de poder”, dijo.
