La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los nuevos ministros, jueces y magistrados elegidos deben demostrar a partir del 1 de septiembre de 2025 que cambió de fondo el Poder Judicial.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo apuntó que el próximo 31 de agosto terminará una era en el Poder Judicial marcada por la “corrupción, privilegio y nepotismo”.
“Es muy profunda la reforma al Poder Judicial, y se terminó una era y empieza otra, se acabó la era de la corrupción, privilegio y nepotismo”, expuso.
La nueva Corte, los nuevos jueces y magistrados, que se deben al pueblo, tienen que entrar a demostrar que cambió de fondo el Poder Judicial y creo que así va a ser”, afirmó.
Las declaraciones de la mandataria mexicana ocurren luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validara en la previa la primera elección de ministros, jueces y magistrados, llevada a cabo el primero domingo de junio.
El aval llegó por una decisión divida, pese a los proyectos que proponían anular la elección judicial por la supuesta distribución masiva de “acordeones” o guías de votación que habrían vulnerado la equidad de la contienda.
Durante la sesión pública, los magistrados listaron para el debate más de 160 medios de impugnación acumulados, entre ellos los proyectos de sentencia presentados por los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis, que defendían que la elección de ministros debía declararse nula por tratarse de una “estrategia ilícita, coordinada, sistemática y generalizada que tuvo el propósito de influir en el voto”.
Ambos argumentaron que las pruebas, incluidos más de tres mil ejemplares físicos de acordeones y decenas de notas periodísticas, demostraban que estos materiales fueron distribuidos en las 32 entidades y coincidieron con los resultados finales.
“Se prueba la existencia de propaganda ilícita financiada por terceros ajenos a la elección”, sostuvo Rodríguez Mondragón.
Sin embargo, la mayoría de los magistrados —Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes— rechazaron los proyectos al considerar que las pruebas eran “insuficientes y meramente indiciarias”.
