El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que la reducción de la pobreza en México está vinculada principalmente al incremento del ingreso laboral. Entre 2016 y 2024, los ingresos provenientes del trabajo crecieron en promedio 22% en términos reales, mientras que para la población con menores percepciones el aumento alcanzó 52%.
El avance se refleja en los salarios formales. Desde 2017, cuando comenzó la política de recuperación gradual, la mediana salarial aumentó 39% en términos reales, casi el doble del alza del salario promedio, que fue de 20%. De acuerdo con organismos empresariales, este resultado deriva tanto del fortalecimiento del salario mínimo, que duplicó su valor real entre 2017 y 2024, como de la decisión de numerosas empresas de otorgar incrementos por encima de dicho umbral, generando un “efecto faro” hacia otros niveles salariales.
Ante estos datos, el colectivo Vida Digna, Iniciativa por Ingreso Digno, integrado por organizaciones empresariales y de la sociedad civil, planteó iniciar una nueva etapa de mejora salarial, basada en la capacidad y productividad de cada empresa.
La propuesta considera que los aumentos más allá del salario mínimo no pueden imponerse por decreto, sino que deben ajustarse a la realidad de cada sector y región.
El colectivo fijó como referencia un ingreso digno de 13 mil 400 pesos mensuales netos, estimado a partir del costo de una canasta digna de 26 mil 800 pesos para una familia de cuatro integrantes, cubierta con el ingreso de dos personas trabajadoras. La cifra se actualizará anualmente según la inflación y puede adaptarse a realidades regionales.
La propuesta contempla una aplicación gradual. Como primer paso, recomienda asegurar un ingreso mínimo de 9 mil 500 pesos mensuales, equivalente al costo de dos canastas básicas, con el objetivo de superar el umbral de pobreza. Este monto sería un punto de partida y no la meta final.
Efectos macroeconómicos y sociales
De acuerdo con Vida Digna, la adopción del ingreso digno por parte de las empresas tendría efectos macroeconómicos y sociales. Entre ellos, la reactivación del mercado interno, el impulso a la formalización laboral y la reducción de la rotación de personal. También destacan mejoras en productividad, en el ambiente laboral y en la calidad de vida de las familias.
El colectivo propuso que los gobiernos apoyen la iniciativa mediante políticas públicas que generen estabilidad económica, incentiven inversiones y fortalezcan la seguridad y certeza jurídica. Asimismo, sugirió mecanismos específicos como condicionar apoyos e incentivos fiscales a empresas que adopten el ingreso digno, otorgar ventajas en compras públicas a quienes lo apliquen y actualizar las tablas de retención de ISR e IMSS para que los salarios hasta ese nivel estén exentos de cargas fiscales.
La iniciativa Vida Digna se consolidó en 2024, después de un foro celebrado en agosto de 2023 y del compromiso público de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en noviembre del mismo año. Actualmente la integran organismos como Canacintra, AliaRSE, USEM, Fundemex, Cemefi y diversas asociaciones civiles. Forma parte de la Red Global por Salario Digno (Global Living Wage Network), vinculada al Pacto Global de Naciones Unidas.
En los próximos meses, el colectivo buscará extender la adopción del ingreso digno en empresas grandes, medianas y pequeñas, además de fortalecer la difusión de su modelo a nivel nacional.
