Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, fue detenido tras una operación de la Fiscalía General de la República (FGR) que le ha vinculado con una serie de delitos graves.
El exfuncionario, conocido como “El Abuelo” o “El Munrra”, es señalado de liderar el grupo criminal “La Barredora“, que opera en la región desde 2018.
En ese mismo periodo, Adán Augusto López inició su gobierno en Tabasco (el 31 de diciembre de 2018), con el respaldo y la presencia del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Traslado de Bermúdez Requena
La información sobre su arresto fue confirmada en un reporte de El Universal, basado en la carpeta de investigación FqED/FEMDO/FEITATA-JAL/0000224/2025.
El traslado de Bermúdez se realizó el 17 de septiembre, tras un largo viaje desde Paraguay, pasando por Colombia, y finalmente aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Fue recibido por elementos de la Policía Federal Ministerial, que le ejecutaron la orden de aprehensión en el hangar de la FGR.
El exfuncionario fue ingresado al penal de máxima seguridad El Altiplano, donde se llevará a cabo su proceso judicial.
Operaciones ilícitas al amparo del poder público
Según las investigaciones citadas por El Universal, Bermúdez fundó en diciembre de 2018 una organización criminal conocida inicialmente como “Pelón de Playa”, que rápidamente se transformó en “La Barredora”.
El testimonio de un testigo protegido, identificado como C.T.D.R., señala que Bermúdez, aún en funciones como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, ordenaba el tráfico de narcóticos como cocaína, marihuana y cristal, así como la realización de robos de combustible.
Los miembros de la organización operaban bajo las instrucciones directas de Bermúdez, supervisando puntos de venta de droga y recibiendo pagos semanales en efectivo, derivados de las ganancias del narcotráfico y el robo de hidrocarburos.
Este delito involucraba, según la investigación, a varios colaboradores del exsecretario, incluyendo a Ulises Pinto Madera, alias “El Mamado”, y a José del Carmen Castillo Ramírez, alias “La Rana”, quienes facilitaban la logística criminal desde dentro de la policía estatal.
Secuestros y extorsiones: la violencia como herramienta de control
El liderazgo de “El Abuelo” no solo se limitaba al narcotráfico. En 2019, Bermúdez fue acusado de ordenar el secuestro de un empresario tabasqueño, identificado como R.M.A., quien se negó a continuar con el robo de combustible para “La Barredora”.
La violencia era una constante en la estrategia de la organización para amedrentar y controlar a quienes no se alineaban con sus intereses, incluidas amenazas de muerte y desapariciones forzadas.
La organización también se encargaba de extorsionar comercios y empresas locales, como casinos, y se vinculaba con otros grupos criminales del estado para mantener su dominio territorial.
Además, Bermúdez utilizó su posición como exfuncionario para coordinar operativos, como la instalación de retenes en rutas estratégicas para facilitar el tráfico de drogas y combustibles.
El impacto de La Barredora en la seguridad pública
La red criminal que operaba bajo el mando de Bermúdez dejó un gran impacto en la seguridad de Tabasco y en las comunidades aledañas. Además de los delitos relacionados con el narcotráfico y el robo de combustible, el grupo fue responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo la privación ilegal de la libertad y el uso de armas de alto calibre.
Las investigaciones continúan, y aún hay muchos detalles por esclarecer sobre la magnitud de sus operaciones, que incluyen también la participación de otros actores en la estructura de poder.
La aprehensión: un paso en el combate a la delincuencia organizada
El arresto de Hernán Bermúdez es considerado un avance importante en la lucha contra la delincuencia organizada en México. La FGR ha destacado la importancia de este caso, no solo por la naturaleza de los crímenes de los que se le acusa, sino también por el hecho de que el exfuncionario aprovechó su cargo público para operar y proteger las actividades delictivas.
La FGR sigue investigando a otros miembros de la organización y podría presentar más cargos en su contra a medida que avancen las audiencias judiciales.
