Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- El proyecto de Reingeniería Financiera Integral de la Universidad Autónoma de Sinaloa, encendió las alarmas entre el personal sindicalizado. Marlene Gómez, trabajadora administrativa de la Facultad de Ciencias Sociales, expresó su rechazo a que los empleados de confianza tengan voz y voto en la próxima consulta que busca aprobar el plan, el cual impactaría directamente los salarios y prestaciones de los agremiados.
El proyecto de Reingeniería Financiera Integral, impulsado por las autoridades universitarias, contempla una serie de ajustes significativos que incluyen la compactación de áreas administrativas, la reducción de personal de confianza y una reforma a la “jubilación dinámica”. Esta última es la piedra angular de la controversia, pues exige que trabajadores activos aporten un 15% y jubilados un 20% de sus ingresos para constituir un fideicomiso destinado a sostener el fondo de pensiones.
El punto central del conflicto para el personal sindicalizado radica en la legitimidad de la consulta que busca validar estas modificaciones. Marlene Gómez denunció que el proceso está “amañado” y, sobre todo, que permite la participación de trabajadores de confianza.
“Otra cosa ilegal de la consulta por la cual la rechazamos es que van a participar los trabajadores de confianza y no tenemos nada en contra de los trabajadores de confianza. El problema es que ¿por qué un trabajador de confianza va a ir a decidir sobre las prestaciones de un trabajador sindicalizado? O sea, no hay congruencia en eso, es un absurdo”.
Además, señaló que la causa real de la crisis financiera no es la plantilla de base, sino el exceso de personal de confianza y la falta de transparencia en el manejo de recursos.
Indicó que existe una resistencia a esta consulta al considerarla “ilegal” e impuesta por el Consejo Universitario, órgano que, a su juicio, no tiene facultades para legislar sobre temas contractuales y laborales. La postura de la trabajadora es clara: no avalar la consulta al considerarla una “farsa”, con el argumento de que sus resultados serán inimpugnables y que la participación de los trabajadores de confianza vulnera la autonomía y derechos de los sindicalizados.
