Culiacán, Sin. (RI Noticias).- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, manifestó su firme respaldo al proceso de reingeniería financiera integral que lleva a cabo la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), destacando que esta acción es crucial para sanear las finanzas de la institución. No obstante, ante el cuestionamiento de la prensa sobre si el proyecto de reordenamiento exime al gobierno estatal y federal de brindar apoyo, el mandatario fue enfático al establecer los límites de la ayuda que pueden proporcionar.
Rocha Moya dejó claro que la reingeniería, impulsada por la propia comunidad universitaria, es un paso necesario que atiende un reclamo del Gobierno Federal para lograr la estabilidad económica de la casa de estudios.
“El tema de la reingeniería que tomaron la universidad la universidad, yo les he dicho la universidad es Autónoma, a mí me gusta la democracia, han resuelto con la participación de los trabajadores que es lo que quieren de la universidad, bueno para adelante, qué bueno, es importante que la universidad sane sus finanzas es un reclamo que está haciendo el propio Gobierno Federal y nosotros lo que les decimos a los universitarios nunca los dejamos ni los vamos a dejar solos”, señaló el gobernador.
Si bien refrendó el compromiso de su administración de acompañar a la universidad, el gobernador Rocha Moya precisó que la magnitud de la crisis financiera de la UAS supera la capacidad presupuestal del estado. El mandatario estimó que los problemas financieros acumulados de la institución ascienden a “alrededor de 1200 millones de pesos”, una cifra que el gobierno estatal no puede cubrir en su totalidad.
Con estas declaraciones, el Gobierno de Sinaloa reafirma su disposición a apoyar a la UAS mediante gestiones ante la federación y recursos propios en la medida de lo posible, pero indicó que la solución de fondo requiere que la institución continúe y profundice en el proceso de reordenamiento interno iniciado con su reingeniería. El objetivo principal es asegurar la viabilidad de la universidad sin poner en riesgo los derechos laborales de los trabajadores, un compromiso ineludible para la administración estatal.
