Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- A diez años de iniciada su lucha, vecinos del fraccionamiento Hacienda del Mar en Mazatlán continúan exigiendo a las autoridades municipales una respuesta efectiva ante lo que denuncian como el despojo arbitrario de un área verde. Los residentes señalan al Ayuntamiento del puerto de haber otorgado este espacio al Colegio de Arquitectos de Mazatlán A.C. sin su autorización ni conocimiento, lo que ha generado un profundo malestar en la comunidad, especialmente ante la inminente construcción que, aseguran, privatizará el área destinada originalmente a los colonos.
Los vecinos argumentan que la cesión de este terreno es ilegal, pues al adquirir sus viviendas, el costo del área verde estaba incluido en el pago total, por lo que no fue un regalo sino un derecho adquirido. La preocupación se intensifica ante la notificación de que la obra avanzaría, con la consecuente tala de árboles y la realización de trabajos sin los permisos adecuados, lo que constituiría una violación a las normativas urbanísticas y ambientales vigentes.
La falta de atención por parte de las autoridades es el punto central de la inconformidad. A pesar de haber entregado denuncias y haber informado de las irregularidades al Instituto de Planeación de Mazatlán (IMPLAN) y a la Comisión de Urbanismo, Ecología y Desarrollo Urbano, los colonos sienten que sus demandas han sido ignoradas. Las gestiones iniciaron incluso con sesiones de cabildo extraordinarias, pero la respuesta ha sido nula.
Residentes con iniciativas personales para el mejoramiento del área, como la plantación de árboles regionales y hortalizas para arborizar una zona que anteriormente era un tiradero de escombro y basura, ven frustrados sus esfuerzos ante la amenaza de la construcción.
La situación se agrava con el silencio de funcionarios clave. Julio Sandoval, encargado del IMPLAN, no se ha manifestado públicamente respecto a las serias acusaciones de los vecinos. Los colonos de Hacienda del Mar urgen a las autoridades a tomar cartas en el asunto y a detener la privatización de su área verde, demandando una pronta y justa solución a un conflicto que se ha extendido por una década.
