Culiacán, Sin (RI Noticias).- El presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez Armentía, comentó que el sector está en la incertidumbre de las “garantías” que se dieron con el precio de las toneladas del maíz nativo el cual sería de 8 mil pesos, ya que aclaró que la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ya no existe como organismo operativo, por lo que no pudo haber emitido ningún precio de garantía para dicho producto.
Asimismo, el dirigente agrícola desmintió la versión de que se hubiera fijado un precio de 8 mil pesos por tonelada para el maíz nativo producido en entidades como México, Puebla y Tlaxcala, al señalar que se trata de una noticia falsa sin fundamento oficial.
“Segalmex dejó de operar desde hace tiempo, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que haya establecido un nuevo precio de garantía. Esa información es completamente falsa”, subrayó Valdez Armentía.
Además, Valdez Armentía expresó que los maíces nativos o criollos sí llegan a alcanzar mejores precios en el mercado, pero esto se debe a que son producciones limitadas, de menor rendimiento y con alta demanda, no a una política gubernamental.
Por último, enfatizó que los productores comerciales de maíz en Sinaloa y otros estados siguen sin recibir respuesta sobre la petición de establecer un precio de garantía nacional de 7 mil 200 pesos por tonelada, medida que consideran urgente para mantener la rentabilidad del campo mexicano.
A principio del 2025, el Gobierno desapreció Segalmex
El Gobierno de México oficializó la desaparición de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), órgano creado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Por medio de un decreto publicado en la edición matutina de este 21 de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se establece que Segalmex será fusionado en Diconsa, perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Dicho decreto establece como plazo para concluir el proceso de desincorporación por fusión 24 meses a partir de la emisión del referido dictamen.
Además, se tienen 180 días hábiles para la transferencia de los recursos humanos, presupuestarios, financieros y materiales, así como de los inmuebles, derechos y obligaciones.
