Ciudad de México (RI Noticias). – En el marco de las recientes reformas a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que las modificaciones permitan vigilancia ilegal o espionaje, como han afirmado partidos de oposición y organizaciones civiles.
Durante su conferencia matutina del 27 de octubre, la mandataria calificó las críticas como infundadas y aseguró que la ley respeta la privacidad de los ciudadanos.
“La derecha y algunos medios han dicho que las leyes aprobadas por el Congreso, con modificaciones del IFT en materia de telecomunicaciones, tienen que ver con vigilancia o espionaje. Eso es falso”, subrayó.
Sheinbaum explicó que cualquier acceso a información privada o a dispositivos por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) requiere autorización judicial.
“Por ley, el CNI no puede investigar ni acceder a teléfonos sin una orden de un juez. Incluso las pruebas obtenidas mediante intervenciones telefónicas solo pueden utilizarse en un juicio si están aprobadas judicialmente y proporcionadas por las empresas telefónicas correspondientes”, aclaró.
Respecto a los datos biométricos contenidos en la CURP con fotografía, la presidenta señaló que su uso es voluntario y solo puede realizarse bajo marco legal.
“Si una persona autoriza que sus datos biométricos se integren a la base de datos, solo podrán utilizarse conforme a la ley”, añadió.
Como parte de las medidas de seguridad, Sheinbaum informó que la venta de tarjetas SIM requerirá identificación del comprador.
“El nuevo modelo, regulado por la Comisión de Telecomunicaciones, impedirá la adquisición de chips sin identificación, fortaleciendo la seguridad”, afirmó.
Aclaró que esto no implica vigilancia sobre los ciudadanos, ya que las bases de datos estarán bajo control exclusivo de las compañías telefónicas y solo se podrá acceder a ellas con autorización judicial.
“No hay espionaje hacia ninguna persona”, enfatizó.
Las reformas aprobadas en julio de 2025 han sido cuestionadas por la oposición y organizaciones de derechos digitales. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) la calificó como “un retroceso para los derechos humanos” y anunció que buscará impugnarla en tribunales por considerar que amplía las facultades de vigilancia del Estado.
El PAN, por su parte, ha denunciado la ley como un intento de usar los mecanismos de inteligencia con fines políticos, refiriéndose a ella como una “ley de espionaje”.
