Los Mochis, Sinaloa (RI Noticias). – La versión sobre el grupo de 28 jóvenes rescatados en altamar cerca de La Paz dio un giro luego de que autoridades informaran que no se trató de un caso de privación ilegal de la libertad, sino de un posible traslado de trabajadores que habrían laborado de manera irregular en Baja California.
El coordinador de Protección Civil en la zona norte de Sinaloa, Ángel Daniel Corrales López, explicó este jueves 30 de octubre de 2025 que una nueva hipótesis apunta a que los 27 menores y un adulto formaban parte de un grupo que trabajaba en un valle agrícola del estado de Baja California, sin contar con la autorización legal correspondiente.
De acuerdo con Corrales López, los empleadores no pudieron comprobar ante las autoridades que contaban con el permiso o consentimiento de los padres o tutores para que los jóvenes participaran en labores agrícolas, requisito indispensable para este tipo de actividad.
Por esta razón, se llevó a cabo un operativo para retirar a los adolescentes de los campos y trasladarlos de regreso a sus comunidades de origen. El proceso inició en Baja California Sur, desde donde abordaron un ferry con destino a Sinaloa, para posteriormente continuar su viaje hacia el estado de Chiapas.
“Las autoridades realizaron un operativo para retirar a los menores de los centros de trabajo y regresarlos a su ciudad de origen. Viajaban como pasajeros en el ferry y al llegar a Sinaloa fueron recibidos por dependencias que se encargarán de su valoración y traslado final”, indicó el funcionario.
En México, los menores de edad pueden trabajar únicamente con la autorización expresa de sus padres o tutores y deben tener al menos 16 años cumplidos. Además, se requiere un certificado médico que garantice su capacidad física para el trabajo.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que los 27 menores y un adulto detectados por la Secretaría de Marina (Semar) provenían del estado de Chiapas. Actualmente se encuentran bajo el cuidado de la Vicefiscalía Regional Zona Norte, donde reciben atención y protección integral mientras se determina su situación.
