Culiacán, Sinaloa (RI Noticias). – El movimiento Campesinos Unidos de Sinaloa, encabezado por Baltazar Valdez Armentia, informó que las organizaciones del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano acordaron reactivar sus movilizaciones con un paro nacional indefinido a partir del 24 de noviembre de 2025, en demanda de políticas públicas que fortalezcan la producción agrícola del país.
Valdez Armentia, quien regresó recientemente de la Ciudad de México tras participar en la asamblea nacional del Frente, explicó que representantes de 22 estados aprobaron una serie de acciones de protesta que incluyen el bloqueo de carreteras, aduanas y plantas harineras tanto de maíz como de trigo en distintos puntos del territorio nacional.
“El Frente Nacional exige que el Gobierno Federal reconozca al campo como un sector estratégico y establezca medidas que garanticen precios justos y condiciones que impulsen la producción nacional”, subrayó el dirigente sinaloense.
Entre los cinco ejes de negociación que el Frente busca presentar al Gobierno destacan:
- La creación de una banca de desarrollo especializada para el sector agrícola.
- El establecimiento de precios de garantía basados en los costos reales de producción.
- La exclusión de los granos básicos y oleaginosas de los tratados de libre comercio.
- La regulación de las importaciones para proteger la producción nacional.
Valdez aclaró que el movimiento no demanda subsidios, sino condiciones que aseguren un pago justo para los productores. “Actualmente el kilo de maíz se paga a siete pesos, pero desde 2022 los precios han venido a la baja, beneficiando a intermediarios en la cadena productiva”, señaló.
El dirigente recordó que, meses atrás, las protestas fueron suspendidas en solidaridad con el Gobierno Federal ante tensiones internacionales, pero lamentó la falta de apertura al diálogo por parte de las autoridades.
Las organizaciones campesinas adelantaron que las movilizaciones del 24 de noviembre se mantendrán de forma indefinida hasta lograr acuerdos que garanticen precios justos, reglas claras para las importaciones y controles sanitarios que aseguren la calidad de los granos que ingresan al país.
