Pese a la intención del Ejecutivo Federal de suspender el gravamen especial, el Poder Legislativo aclaró que la normativa fiscal vigente obliga a mantener el cobro hasta que se concrete una derogación oficial en San Lázaro.
En un análisis técnico sobre las facultades del Poder Ejecutivo, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, precisó que la presidenta Claudia Sheinbaum carece de la atribución legal para inaplicar impuestos ya establecidos por ley. Según información publicada por Proceso, el legislador subrayó que cualquier cambio en la recaudación debe pasar por un proceso de reforma parlamentaria.
El pronunciamiento surge luego de que la mandataria informara que ya no se aplicaría el impuesto del ocho por ciento a los videojuegos con contenido violento. No obstante, Monreal advirtió que esta contribución no es una simple estimación, sino una obligación fiscal creada mediante una ley formal.
“El Ejecutivo no tiene facultad para inaplicar una contribución vigente, aun cuando considere deficiente su diseño”, sentenció el legislador zacatecano a través de una tarjeta informativa.
La ruta para la eliminación del impuesto
De acuerdo con el marco legal explicado por Monreal, el Congreso de la Unión debe seguir pasos específicos para que la promesa de la presidenta se materialice:
- Derogación del IEPS: Se requiere eliminar expresamente el inciso K), fracción I, artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
- Ajuste a la Ley de Ingresos: Una vez modificado el IEPS, se debe recalibrar la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio correspondiente (2026).
- Eliminación del concepto: Retirar formalmente el rubro de recaudación por videojuegos con violencia para evitar inconsistencias en la contabilidad nacional.
El legislador enfatizó que, aunque existe total coincidencia política con la presidenta Sheinbaum para eliminar este cobro, el proceso debe ser “constitucionalmente correcto”. Por ello, adelantó que una vez que se reciba la iniciativa formal, la bancada mayoritaria procederá a votarla para su derogación inmediata, asegurando que la falta de un sistema estatal de clasificación de videojuegos no es argumento suficiente para extinguir la obligación tributaria actual por sí sola.
