Culiacán, Sin (RI Noticias). – Durante la comparecencia de Cuitláhuac González Galindo, titular de Salud en Sinaloa y la legisladora Paola Gárate Valenzuela arremetió contra la gestión estatal, cuestionando severamente la pérdida de vidas que pudieron evitarse con una prevención oportuna. “La salud es un derecho, no una excusa administrativa”, sentenció la diputada del PRI, quien calificó como una “tragedia” el manejo del presupuesto, denunciando un subejercicio del 74% que habría debilitado las acciones de control larvario.
La legisladora destacó un alarmante retroceso en la salud de las mujeres, señalando que la mortalidad por cáncer de mama en Sinaloa superó la media nacional por más de 3 puntos porcentuales. Denunció que, lejos de avanzar, el estado presenta indicadores críticos en salud materna y neonatal que se mantienen estancados tras cuatro años de gobierno.
Acusó una “transferencia de culpas” hacia la federación y exigió un calendario público de recuperación de servicios, enfatizando que no se puede pedir paciencia a los ciudadanos cuando el desabasto los obliga a pagar consultas privadas.
Por su parte, el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, rechazó los señalamientos de subejercicio en el área de dengue, argumentando que los recortes presupuestales fueron federales y que el estado intervino con 22 millones de pesos propios para adquirir equipo de fumigación.
Sobre el incremento en la mortalidad por cáncer de mama, el funcionario justificó las cifras actuales como un efecto residual de la pandemia de COVID-19, asegurando que muchos casos que hoy se reportan son consecuencia de diagnósticos que no se realizaron a tiempo entre 2020 y 2021, lo que hoy se traduce en etapas más avanzadas de la enfermedad.
Finalmente, el titular de Salud explicó que la supuesta reducción de recursos responde a la reubicación de partidas hacia el modelo IMSS-Bienestar, que ahora administra la mayor parte de la infraestructura hospitalaria. Aceptó el reto de mejorar la coordinación y anunció la puesta en marcha de un programa de supervisión directa en farmacias y unidades médicas para verificar que el abasto de medicamentos sea real.
