El registro obligatorio de líneas celulares en México volvió al centro del debate legislativo y se propuso ampliar el plazo obligatorio hasta 2028.
En medio de preocupaciones por seguridad pública, protección de datos personales y la capacidad operativa de las empresas de telecomunicaciones, el Senado analiza una propuesta que busca modificar los tiempos para cumplir con esta obligación.
La iniciativa plantea ampliar el plazo legal para registrar las líneas móviles y responde a los retos que han surgido desde el arranque del proceso, incluidos incidentes de seguridad digital y posibles afectaciones a millones de usuarios.
¿Qué se propone cambiar en el registro de líneas celulares?
El senador priista Pablo Angulo Briceño presentó una iniciativa para reformar el artículo Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El objetivo es ampliar de 12 a 24 meses el plazo para completar el registro obligatorio de las líneas celulares en el país, indica una publicación de El Financiero.
Con este ajuste, la fecha límite pasaría del 30 de junio de 2026 al 30 de enero de 2028, con la intención de permitir una implementación gradual, ordenada y con mayor control operativo.
¿Por qué se plantea ampliar el plazo hasta 2028?
De acuerdo con el legislador, aunque el registro busca combatir delitos como la extorsión, el fraude y el phishing, una aplicación acelerada puede generar efectos no previstos. Entre ellos destacan:
- Riesgos de exclusión digital
- Saturación de plataformas tecnológicas
- Fallas en la protección de datos personales
El documento legislativo señala que una extensión del plazo permitiría que el proceso sea “gradual, seguro y escalable”, reduciendo errores y vulnerabilidades en su implementación.
Incidentes de seguridad que encendieron las alertas
La propuesta surge tras lo ocurrido el 10 de enero, un día después de iniciado el registro, cuando especialistas expusieron la vulnerabilidad de la plataforma de Telcel, que habría permitido la filtración de datos de usuarios.
Aunque la empresa informó que implementó medidas de seguridad adicionales, expertos advirtieron que el riesgo no se limita a una sola compañía, ya que otros operadores también deben cumplir con el registro, lo que implica el manejo masivo de información sensible.
Seguridad pública y protección de datos personales
La iniciativa reconoce que el registro de tarjetas SIM es una práctica común a nivel internacional. Según datos citados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la asociación GSMA, más del 90%de los países cuentan con algún esquema similar.
Sin embargo, el propio documento aclara que muchos países han tenido que extender plazos originales debido a:
- Limitaciones tecnológicas
- Problemas de inclusión digital
- Preocupaciones sobre la seguridad de la información
Por ello, el senador subraya la necesidad de garantizar estándares elevados de protección de datos personales antes de avanzar a una implementación total.
¿A quiénes podría afectar el registro acelerado?
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el impacto social. El texto advierte que un registro sin ajustes podría dejar fuera a:
- Adultos mayores
- Personas sin documentación actualizada
- Usuarios en zonas rurales
- Ciudadanos con acceso limitado a plataformas digitales
Esto, señala el legislador, podría contravenir principios de conectividad universal y profundizar brechas digitales ya existentes.
¿Qué sigue en el proceso legislativo?
La iniciativa ya fue turnada a comisiones para su análisis. Su avance dependerá del consenso entre los grupos parlamentarios y de la evaluación de sus impactos operativos, sociales y económicos.
Mientras tanto, el debate sigue abierto entre la necesidad de fortalecer la seguridad pública y la obligación de proteger los derechos digitales de los usuarios.
