Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- A más de una semana de que el gobernador Rubén Rocha Moya instruyera la atención inmediata a los cobros excesivos por la recuperación de vehículos robados, las víctimas en Mazatlán siguen sin recibir alivio financiero. El problema de la revictimización persiste, ya que los propietarios deben enfrentar pagos que alcanzan los 5,000 pesos entre grúas, peritajes y estancias en pensiones privadas, montos que en ocasiones igualan el valor comercial de las unidades recuperadas.
A pesar de que la indicación de atender el tema se dio desde el pasado 3 de febrero, la autoridad municipal mantiene el asunto en una fase de planeación sin resultados tangibles para los afectados.
Al ser cuestionada sobre la gestión para eliminar estas barreras económicas, la alcaldesa Estrella Palacios señaló: “Eso ahorita está en análisis, está en análisis para poder ver. Lo que queremos es que la gente pueda recuperar sus vehículos y que puedan también tenerlos como un medio de transporte”.
La falta de una estrategia concreta permite que el taxímetro de los corralones privados siga corriendo, afectando principalmente a trabajadores y repartidores que dependen de su motocicleta para el sustento diario.
El mandato del ejecutivo estatal fue claro al solicitar que no se penalice el patrimonio de los sinaloenses tras sufrir un ilícito; sin embargo, en el puerto la solución se mantiene en suspenso. Los propietarios de unidades recuperadas enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo se aplicarán los nuevos tabuladores o mecanismos de apoyo, mientras ven cómo su deuda crece cada día que su vehículo permanece bajo resguardo oficial.
