La diputada Bertha Osorio Ferral, integrante de la bancada de Morena, presentó formalmente una iniciativa para declarar el 14 de septiembre como el “Día del Legislador en México” que engloba a los integrantes de todo el Congreso de la Unión. La propuesta ha sido turnada a las comisiones correspondientes para su análisis técnico y posterior dictaminación.
El argumento central de la legisladora para impulsar esta efeméride es de carácter histórico. Osorio Ferral vincula la fecha con la instalación del Congreso de Chilpancingo en 1813, convocado por José María Morelos y Pavón, un evento fundacional para el parlamentarismo mexicano.
La búsqueda de reconocimiento oficial
Dentro de los puntos clave de la exposición de motivos destacan:
- La diputada sostiene que el legislador actúa como el principal garante de la voluntad de los ciudadanos.
- El proyecto subraya que, a diferencia de otras profesiones y funciones públicas que cuentan con fechas específicas en el calendario oficial, la labor parlamentaria carece de un día conmemorativo.
- Se plantea que este día serviría para reconocer la importancia del trabajo legislativo en la construcción del marco jurídico del país.
Controversias legislativas: Entre lujos y ausentismo
La propuesta de instituir un día de festejo para los legisladores se presenta en un contexto donde el Congreso ha sido escenario de diversas polémicas que han cuestionado la austeridad y la ética parlamentaria.
- El salón de belleza en el Senado: A inicios de febrero de 2026, se reveló la existencia de una estética exclusiva para legisladoras dentro de la Cámara Alta. Aunque se argumentó que el servicio era pagado por las propias senadoras, el espacio fue clausurado tras la ola de críticas que lo señalaron como un acto de ostentación contrario al discurso oficial de austeridad.
- Ausentismo y lujos personales: En noviembre de 2025, se instaló un Comité de Ética para vigilar conductas de ausentismo y lujos excesivos; figuras como Gerardo Fernández Noroña ha sido señalado por el uso de aeronaves privadas y la posesión de una propiedad valuada en 12 millones de pesos, contrastando con el discurso de “pobreza franciscana”.
Mientras el proyecto avanza en el proceso legislativo, el anuncio ha generado atención debido al contraste entre la búsqueda de este reconocimiento oficial y la percepción pública sobre el desempeño actual de las cámaras.
