La Fiscalía General de la República (FGR) incluyó en su investigación a la empresa minera Vizsla Silver para determinar si existe o no responsabilidad en el secuestro de 10 trabajadores ocurrido en Sinaloa, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante su conferencia, la mandataria explicó que el caso permanece abierto y que la fiscalía analiza todas las líneas de investigación, incluidas las condiciones en las que operaba la mina, los protocolos de seguridad y el contexto en el que se dio el ataque contra los empleados.
Sheinbaum precisó que, además de buscar a los responsables directos del secuestro, la FGR revisa si hubo omisiones, fallas o posibles responsabilidades indirectas por parte de la empresa, sin adelantar conclusiones ni descartar escenarios.
Investigación abierta y sin exoneraciones
La presidenta subrayó que no existe una exoneración previa para Vizsla Silver y que la indagatoria busca establecer si la compañía cumplía con las obligaciones mínimas de seguridad para sus trabajadores en una región con presencia de grupos criminales.
El caso está en investigación y se está revisando todo, incluyendo la actuación de la empresa”, señaló Sheinbaum al ser cuestionada sobre el avance del expediente.
El contexto del secuestro
Los 10 trabajadores fueron privados de la libertad mientras realizaban actividades vinculadas a la operación minera en Sinaloa.
Tras varios días de incertidumbre, las autoridades confirmaron que las víctimas fueron localizadas con vida, lo que permitió ampliar la investigación a nivel federal.
El caso volvió a poner en el centro del debate la seguridad en proyectos mineros ubicados en zonas de alta violencia, así como la responsabilidad de las empresas que operan en estos territorios.
Qué sigue en el caso
La FGR continuará recabando información para determinar si existen elementos suficientes para fincar responsabilidades penales o administrativas, tanto a los autores del secuestro como a terceros que, por acción u omisión, pudieron haber contribuido a los hechos.
El gobierno federal reiteró que la prioridad es garantizar justicia para las víctimas y prevenir que situaciones similares se repitan, especialmente en sectores de alto riesgo como el minero.
