Un juez federal concedió una suspensión definitiva relacionada con el Tramo 5 del Tren Maya, una de las zonas más sensibles del proyecto ferroviario, al ordenar a las autoridades ambientales reforzar la protección de los recursos naturales en el área que va de Cancún a Tulum.
La resolución no implica la cancelación automática de las obras, pero sí establece obligaciones legales inmediatas para el gobierno en materia ambiental, de acuerdo con activistas y documentos judiciales.
¿Qué resolvió exactamente el juez?
La suspensión definitiva fue otorgada dentro de un juicio de amparo y ordena a las autoridades ambientales cumplir de manera estricta con sus funciones de inspección, vigilancia y conservación ambiental en el Tramo 5 del proyecto.
En términos prácticos, el fallo no frena por sí mismo toda la construcción, pero sí obliga a que se revisen, protejan y preserven los ecosistemas involucrados, especialmente aquellos considerados de alta fragilidad ecológica, como selvas, cenotes y sistemas de acuíferos subterráneos.
¿A qué autoridades obliga la suspensión?
La resolución judicial instruye de manera directa a instancias ambientales federales, entre ellas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a través de su Subprocuraduría de Recursos Naturales.
Estas dependencias deberán verificar posibles afectaciones, realizar inspecciones y garantizar la conservación de los recursos naturales, conforme a la legislación ambiental vigente. El incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en responsabilidades administrativas o legales.
Por qué el Tramo 5 es clave en el conflicto
El Tramo 5, que conecta Cancún con Tulum, ha sido uno de los más cuestionados desde el inicio del proyecto debido a:
- La presencia de ecosistemas altamente vulnerables
- Sistemas de cuevas y ríos subterráneos
- Riesgos para la biodiversidad y el equilibrio hidrológico
Por estas razones, ha sido foco de amparos, litigios y observación constante por parte de organizaciones civiles y ambientalistas, que sostienen que las obras requieren una supervisión más estricta.
Qué dicen los activistas sobre la decisión judicial
Integrantes del colectivo Sálvame del Tren consideraron que la suspensión definitiva representa un avance en la defensa ambiental, ya que obliga a las autoridades a actuar conforme a la ley y no limitarse a autorizaciones administrativas generales.
En su interpretación, el fallo abre la puerta a una mayor rendición de cuentas y coloca el énfasis en la protección del entorno natural, más allá del ritmo de construcción del proyecto.
