Culiacán, Sin. (RI Noticias).- Durante la Sesión Pública de la Diputación Permanente, celebrada en el Salón Constituyentes del H. Congreso del Estado de Sinaloa, se dio un paso decisivo hacia la justicia social y el reconocimiento étnico en la entidad. Con una votación unánime, las y los legisladores presentes aprobaron tomar en consideración la iniciativa que busca reformar el marco constitucional local, reflejando un consenso absoluto sobre la importancia de actualizar la legislación vigente en favor de los grupos más vulnerables y representativos de la identidad sinaloense.
La jornada legislativa estuvo marcada por la primera lectura de la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Morena, encabezado por diputadas y diputados como María Teresa Guerra Ochoa, Juana Minerva Vázquez González, Nancy Yadira Santiago Marcos, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo y Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez.
Esta propuesta tiene como eje central la reforma al artículo 13 bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con el objetivo primordial de fortalecer los derechos y el reconocimiento jurídico de los pueblos y comunidades indígenas, así como de las poblaciones afromexicanas asentadas en el estado.
El dictamen, que ahora seguirá su curso legal tras recibir el respaldo total de la Diputación Permanente, pretende armonizar la constitución local con las necesidades históricas de estas comunidades.
La iniciativa no solo busca una mención nominal, sino establecer bases sólidas para el desarrollo integral, la preservación de la cultura y el ejercicio pleno de los derechos políticos y sociales de estas poblaciones, quienes han demandado por años una visibilidad formal dentro de la estructura legal sinaloense.
Con este avance, el Congreso del Estado de Sinaloa reafirma su compromiso con la inclusión y la diversidad, enviando un mensaje de unidad política frente a la agenda de derechos humanos. Se espera que en las próximas sesiones se continúe con el análisis detallado del dictamen para su eventual aprobación definitiva, lo que marcaría un hito en la historia legislativa de la región respecto al trato y protección de las raíces indígenas y el legado afromexicano.
