Las recientes publicaciones que dieron a conocer una supuesta “narconómina” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), presuntamente vinculada a pagos de sobornos a servidores públicos y elementos de seguridad, han generado un intenso debate sobre la posible infiltración del crimen organizado en corporaciones, y la respuesta oficial de las autoridades estatales de Jalisco fue contundente: hasta ahora desconocen la existencia y alcance de esos documentos.
Según lo expresado por el fiscal general de Jalisco, las notas periodísticas que han circulado sobre listas con nombres y cantidades de dinero serían información mediática y no forman parte de ninguna notificación oficial recibida por la Fiscalía. No se sabe con certeza si esos documentos están en poder de la Fiscalía General de la República (FGR), que encabezó el operativo en el que falleció “El Mencho” el pasado domingo en el municipio de Tapalpa.
Respuesta oficial y colaboración con la Federación
El secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Pablo Hernández, subrayó que la corporación de Jalisco no está incluida en la supuesta narconómina y que la dependencia está dispuesta a colaborar con instancias federales para cualquier investigación que se emprenda con base en la información que exista.
Por su parte, el gobernador Pablo Lemus Navarro fue enfático en indicar que cualquier policía, funcionario o servidor público que reciba dinero de la delincuencia organizada debe ser investigado, procesado y encarcelado, sin importar su cargo o jerarquía. Esta postura se emite en un contexto en el que la seguridad y la integridad institucional están en la mira tras los hechos de violencia y desorden que siguieron al operativo federal.
¿Qué se sabe de la supuesta “narconómina”?
Aunque el estado de Jalisco declara desconocer formalmente la narconómina, otros medios han difundido que la presunta lista encontrada en la cabaña donde se escondía “El Mencho” incluiría supuestos pagos a pistoleros, halcones y policías municipales. Estas listas habrían sido aseguradas por la Fiscalía en registros confiscados tras el operativo y, según lo declarado por autoridades federales, la FGR será la encargada de proporcionar información oficial sobre la veracidad de estos documentos y sobre las investigaciones correspondientes.
¿Qué significa para Jalisco y la seguridad pública?
La aparición de documentos que sugieren la posible compra de voluntades, incluso dentro de las filas policiales, eleva las preocupaciones sobre la integridad institucional y la penetración del crimen organizado en ámbitos de seguridad. Este tipo de narconóminas han sido tema recurrente en investigaciones de corrupción y crimen organizado en México, y su difusión suele levantar avisos de alerta tanto en autoridades como en la ciudadanía.
No obstante, hasta este momento no ha existido una confirmación formal ni cargos presentados en Jalisco con base en estas presuntas listas, y las investigaciones permanecen bajo el escrutinio de la Fiscalía General de la República.
