Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), informó que los legisladores de su partido apoyarán la reforma para limitar los montos de las pensiones que reciben funcionarios públicos de alto nivel, que envió la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República.
Esto, luego de que la mandataria denunció que algunos exservidores públicos reciben pagos mensuales de hasta 1 millón de pesos.
En su cuenta de X, Máynez afirmó que la bancada emecista votará a favor de la iniciativa e incluso, la llamó “ley Anti-Bartlett”, señalando que corregirá los excesos cometidos por el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Votaremos a favor de reducir las pensiones millonarias en el gobierno. Es la ley Anti-Bartlett, ya que corrige los excesos cometidos por el director de la CFE en el anterior sexenio”, escribió el líder de MC en la red social.
El domingo pasado, Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República, informó que esta semana se prevé discutir la iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para limitar las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos.
En un mensaje en redes sociales, la senadora detalló que con la iniciativa se pondrá fin a las llamadas “pensiones doradas”, pues los funcionarios y exfuncionarios no podrán recibir más del 50% de lo que gana la presidenta de la República.
¿En qué consiste la reforma contra las pensiones doradas y a quiénes afectaría?
El 4 de marzo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la reforma sobre ‘pensiones doradas’ reducirá los montos mensuales que reciben quienes ocupaban cargos de confianza, aclarando que no será retroactiva.
Explicó que actualmente, algunos exfuncionarios perciben hasta 12 millones de pesos anuales; con la reforma, el pago máximo será de 70 mil pesos mensuales, cifra superior al promedio de un jubilado, pero menor al salario presidencial.
Recalcó que la medida no afecta a trabajadores de base sindicalizados ni a quienes tienen su pensión definida por contrato colectivo.
De acuerdo con el Senado, la propuesta propone establecer que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la de la presidencia, ni siquiera al jubilarse, salvo en casos excepcionales relacionados con varios empleos o especialización técnica.
El límite se establece en la mitad del salario presidencial. La reforma excluye a las Fuerzas Armadas y a quienes reciban pensiones derivadas de aportaciones voluntarias o sindicales, así como pensiones no contributivas.
La iniciativa busca fortalecer la austeridad republicana y evitar privilegios económicos, aplicando el límite a pensiones futuras y también a las ya otorgadas antes de la reforma.
