Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- El proceso para recuperar un vehículo que ha sido recuperado por las autoridades tras un robo, se ha convertido en un desafío económico y administrativo para los propietarios. Para acreditar la propiedad ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, los interesados deben presentar una serie de requisitos fundamentales que incluyen la factura original o título de propiedad debidamente endosado, identificación oficial vigente, tarjeta de circulación y el acta de denuncia original.
En casos donde no se cuenta con el documento original, es aceptable la carta factura emitida por la agencia, pero el trámite sigue siendo riguroso para garantizar la legitimidad del reclamo.
Una vez reunida la documentación, el propietario debe acudir a la Unidad del Ministerio Público especializada en Robo de Vehículos. Aunque instituciones como la Guardia Nacional, la Sedena o la Policía Estatal pueden participar en el hallazgo de la unidad, la liberación formal es competencia exclusiva de la Fiscalía.
El procedimiento administrativo busca devolver el bien a su dueño, pero en la práctica, el camino se ve obstaculizado por los costos acumulados en las pensiones y corralones donde los vehículos permanecen resguardados mientras se realizan las diligencias correspondientes.
El problema central radica en que, al momento de la entrega, los dueños se enfrentan a cuentas exorbitantes por concepto de arrastre y almacenaje diario en pensiones, que en muchos casos son concesionadas a particulares. Estas cantidades suelen ser tan elevadas que superan la capacidad de pago de las víctimas, quienes tras haber sufrido el impacto emocional y patrimonial del robo, ahora deben financiar la estancia de su propio vehículo en un recinto oficial.
Actualmente, el tema se encuentra bajo análisis en el Congreso del Estado de Sinaloa, donde se busca legislar para que las víctimas de robo queden exentas de estos cobros de pensión y grúa. Sin embargo, mientras no se dictamine y apruebe formalmente dicha reforma, las víctimas continúan atrapadas en un vacío legal, tratando de conseguir desesperadamente las cantidades requeridas para liberar sus unidades.
