El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a un tribunal federal deNueva York desestimar la apelación presentada por Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad en México durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, quien estuvo al frente del país de 2006 a 2012.
La apelación de García Luna es en contra de la sentencia que se le impuso en octubre de 2024 por cargos de crimen organizado y narcotráfico.
Por medio de un documento de más de 100 páginas, que se encuentra firmado por el fiscal especial Adam Amir, en representación del fiscal en jefe del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, el gobierno de Estados Unidos afirma que la carga probatoria presentada en el juicio no deja lugar a dudas de la cooperación que García Luna habría brindado a al Cártel de Sinaloa, más allá de posibles errores menores que se hayan cometido.
El fiscal en jefe, en su posicionamiento, menciona que las pruebas presentadas en el juicio de cinco semanas demuestran más allá de toda duda razonable que García Luna era un funcionario corrupto de las fuerzas de seguridad que aceptó millones de dólares en sobornos de la organización del narcotráfico más grande y sofisticada de México.
En 2024 García Luna fue declarado culpable
En febrero de 2024, tras un juicio de cinco semanas en la corte federal en Brooklyn, un jurado encontró culpable a García Luna de cinco cargos relacionados con el tráfico de drogas y delincuencia organizada.
El jurado validó la hipótesis de los fiscales de los fiscales respecto a la ayuda que el ex funcionario habría brindado al cártel a cambio de sobornos millonarios.
El 18 de octubre, también de 2024, y tras desestimar una moción para que se repusiera el proceso, el juez Brian Cogan impuso una condena de 38 años de prisión contra el exfuncionario, fijando su fecha de liberación para el 2052. Luego de varios cambios de centros penitenciarios, García Luna finalmente fue llevado al penal de súper máxima seguridad de Florence, en Colorado, en el que permanece en la actualidad.
Casi un año después, la defensa del mexicano presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York la apelación formal en contra del juicio y de la sentencia impuesta al exfuncionario.
La defensa sostiene en su apelación que la corte del juez Cogan aceptó indebidamente por tres razones: denegó su petición de un nuevo juicio, debido al presunto perjurio en el que ocurrieron testigos y a problemas con la divulgación de pruebas; se admitió evidencia sobre su patrimonio innecesaria y se le limitaron contrainterrogatorios y se le privó el acceso a pruebas clasificadas.
En su respuesta formal, los fiscales desestimaron todos los argumentos de la defensa y, por el contrario, señalaron que se cumplió en exceso con los requisitos de transparencia y entrega de evidencia a la contraparte, al haberles dado acceso a más de un millón de documentos.
