Culiacán, Sin (RI Noticias).- El Consejo Intercamaral de Culiacán, en conjunto con el Consejo Sinaloense de Empresarios, lanzó un llamado urgente al Ejecutivo estatal ante la falta de respuesta a propuestas presentadas desde hace seis meses para enfrentar la crisis de seguridad y sus efectos en la economía.
Luis Osuna, representante del organismo empresarial, explicó que a 18 meses del inicio de esta situación, el impacto económico ha sido severo y aún no hay una estrategia suficiente para revertirlo.
“Es un corte de caja desde que empezó el conflicto hasta hoy. La devastación económica ha sido muy fuerte. Se han hecho esfuerzos en seguridad, pero no han sido suficientes”, señaló.
Advirtió que, aunque en Culiacán algunos indicadores han mejorado, en Mazatlán comienzan a registrarse hechos de violencia que podrían afectar gravemente al estado. “Si cae Mazatlán, cae Sinaloa”, alertó.
Recordó que recordaron que hace seis meses entregaron al gobernador una propuesta integral en materia de seguridad, sin recibir respuesta hasta ahora.
Entre los planteamientos destacan incrementar el presupuesto en seguridad y justicia, sumar mil 200 nuevos policías en tres años, fortalecer el sistema penitenciario, recuperar espacios públicos para prevenir delitos; implementar tecnología y mayor control policial y reforzar la Fiscalía, actualmente rebasada en su capacidad por mencionar algunos.
Asimismo dijo se ha pedido la urgencia de implementar un plan emergente de reactivación económica para 2026, que incluya apoyos fiscales, créditos accesibles y protección al empleo formal.
Por su parte, Valeria Dalle Mese Zavala, presidenta de AMMJE e integrante de Intercamaral, expuso cifras que reflejan la magnitud de la crisis con más de 3 mil homicidios en 563 días,
3 mil 500 denuncias por desaparición, con el 70% sin localizar, Más de 10 mil vehículos robados, una impunidad superior al 92%, 26 mil empleos formales perdidos en dos años, 4 mil 712 empresas cerradas en el estado.
Finalmente, los organismos empresariales reiteraron su exigencia de una declaratoria de emergencia económica para Sinaloa, así como la instalación de una mesa permanente de coordinación entre gobierno y sector productivo para recuperar la paz, la confianza y las condiciones para trabajar y emprender en el estado.
