Durante el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México dio un paso clave en materia de derechos humanos al reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas.
La decisión, tomada en 2020, respondió a una exigencia histórica de familiares de personas desaparecidas y permitió que el país aceptara recibir y examinar denuncias individuales presentadas por víctimas o en su nombre. Con ello, se abrió la puerta a la supervisión internacional en uno de los temas más sensibles para México.
Aunque el Estado mexicano forma parte desde 2006 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, durante más de una década no había reconocido esta facultad del Comité, lo que limitaba el acceso de las víctimas a instancias internacionales.
¿Cómo funciona el Comité contra la Desaparición Forzada?
El CED es un órgano integrado por diez especialistas independientes en derechos humanos, cuya labor se rige por la Convención internacional en la materia.
Entre sus principales funciones destacan:
- Supervisar el cumplimiento de los Estados mediante la revisión de informes oficiales.
- Emitir recomendaciones para fortalecer las políticas públicas en la materia.
- Activar mecanismos de acción urgente para exigir la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, a solicitud de familiares o representantes legales.
La crisis escala: ONU pone la mirada en México
A inicios de abril de 2026, la problemática de desapariciones en México volvió a escalar al ámbito internacional. Tras años de análisis, el Comité solicitó que el caso mexicano sea considerado por la Asamblea General de la ONU, al advertir indicios de que este fenómeno ocurre de manera sistemática o generalizada.
El organismo explicó que esta medida se basa en información recabada durante años, como denuncias, acciones urgentes e inspecciones; aclaró que no implica una acusación directa, sino la apertura de un proceso de revisión y posible cooperación con el Estado mexicano.
En paralelo, colectivos buscadores de personas desaparecidas respaldaron la intervención internacional y pidieron que se haga público el informe completo, al considerar que las cifras oficiales no reflejan la magnitud real de la crisis, que supera las 130 mil personas desaparecidas.
El reto de Sheinbaum: rechazo al informe y defensa del Estado
Frente a este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha rechazado las conclusiones del Comité, al considerar que el informe es “extrapolado” y omite acciones implementadas entre 2019 y 2025, periodo que abarca el gobierno de López Obrador y el inicio de su administración.
“No entendemos por qué la extrapolación a crimen de lesa humanidad (…) ¿Por qué no se reconoce que por primera vez se instaló una Comisión de Búsqueda? (…) El Estado mexicano no está rebasado”, afirmó la mandataria.
Sheinbaum ha sostenido que la desaparición forzada atribuida directamente al Estado ya no es una práctica vigente, y que el principal desafío actual está relacionado con la desaparición que comete el crimen organizado.
Sin embargo, el Comité de la ONU ha precisado que este delito también contempla casos en los que autoridades, principalmente estatales, actúan con consentimiento, apoyo o tolerancia, lo que amplía la responsabilidad del Estado.
Entre la presión internacional y las demandas de víctimas
Mientras el gobierno federal defiende su estrategia y rechaza la narrativa de una crisis generalizada, colectivos de búsqueda consideran que la intervención de la ONU representa una oportunidad para visibilizar el problema y fortalecer los mecanismos de atención, justicia y reparación para las víctimas.
En este contexto, México enfrenta un momento clave: sostener el compromiso internacional asumido desde 2020 o redefinir su postura ante uno de los temas más delicados en materia de derechos humanos.
