La muerte de ocho personas tras la aplicación de sueros vitaminados en una clínica privada de Hermosillo, Sonora, ha generado la mayor investigación penal y sanitaria del estado en los últimos años. El responsable señalado es Jesús Maximiano “N”, médico general de 65 años, quien presuntamente prescribió, preparó y administró los tratamientos intravenosos que desencadenaron la tragedia.
Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Sonora ha confirmado ocho muertes, un hospitalizado y dos pacientes dados de alta, con un total de 11 casos sospechosos relacionados.
Las autoridades han iniciado al menos ocho carpetas de investigación, que no solo corresponden a defunciones sino también a personas que sufrieron afectaciones o recibieron tratamientos en la clínica. El fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez detalló este martes que se han realizado más de 117 actos de investigación, incluyendo 51 entrevistas y declaraciones a víctimas y proveedores de insumos.
¿Quién es Jesús Maximiano “N”?
Jesús Maximiano “N” cuenta con título de médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cédula profesional vigente hasta antes de la tragedia.
Ejerce en Hermosillo desde hace más de dos décadas, primero como médico general y luego en áreas como medicina estética, biológica, liposucción, hilos tensores y homotoxicología. Aunque presentaba su consultorio como homeopático, la Secretaría de Salud Federal confirmó que no posee especialidad ni certificación en homeopatía.
La clínica, ubicada en la colonia Jesús García, ofrecía servicios de sueros vitaminados, procedimientos estéticos menores y terapias alternativas. Los tratamientos, con costos de 500 a 1.000 pesos por dosis, se promocionaban tanto de boca en boca como mediante redes sociales, lo que permitió captar un volumen alto de pacientes.
Diversos testimonios apuntan a que el médico recomendaba suspender medicamentos psiquiátricos o antiepilépticos para sustituirlos por sueros, y que incluso los aplicaba en menores de edad. Los reportes también documentan prácticas fuera de cualquier protocolo, como el uso de jeringas de gran tamaño —similares a las empleadas para rellenar pavos— y la preparación de mezclas sin guantes ni condiciones de higiene, incluso fuera de la clínica.
¿De qué se le acusa al médico prófugo?
El proceso penal se fundamenta en los delitos de homicidio culposo y mala praxis médica, agravados por responsabilidad médica y técnica.
La orden de aprehensión ya ha sido girada y la Fiscalía de Sonora ha ejecutado varios cateos en domicilios de Hermosillo durante la madrugada para tratar de ubicar al médico.
De forma paralela, se emitieron alertas nacionales e internacionales para evitar que Jesús Maximiano “N” huya, incluyendo notificaciones a autoridades de Estados Unidos. Hasta el momento, no hay reporte de que haya cruzado la frontera.
El gobernador Alfonso Durazo subrayó que “lo que se ignora en este momento son las mezclas que aplicaba presuntamente este médico, en cuya búsqueda hoy se encuentran todas las autoridades”.
¿Qué penas podrían aplicar? Esto dice el Código Penal de Sonora
El Código Penal del Estado de Sonora establece que el homicidio culposo ocurre cuando una persona causa la muerte de otra por negligencia, descuido o mala práctica profesional, sin intención de matar. Para este delito, la pena base alcanza hasta 6 años de prisión por cada víctima, más una multa económica de 10 a 200 UMAs por cada caso y la suspensión —temporal o definitiva— del derecho a ejercer la medicina, hasta por 10 años.
La mala praxis médica se sanciona de forma adicional, con suspensión de 1 mes a 5 años para ejercer la profesión (o inhabilitación definitiva en caso de reincidencia), además de la obligación de reparar el daño a las víctimas y sus familias.
El médico está obligado a cubrir gastos médicos, funerarios, indemnización a familiares y daño moral. Si el juez determina que hubo agravante por responsabilidad médica y técnica, la sanción puede ser más severa.
El número de víctimas cambia la forma en que se calcula la sanción. Si el juez considera que cada muerte es un delito independiente, puede sumar las penas, pero la condena total no puede exceder 50 años de prisión. Por ejemplo, por ocho muertes, la suma de penas individuales podría alcanzar hasta 48 años, aunque la cifra final dependerá de la valoración judicial y de si se suman penas por lesiones culposas en sobrevivientes.
Si se determina que todas las muertes derivan de una misma conducta (delito continuado, como el uso sistemático de sueros contaminados), la pena máxima de 6 años puede aumentarse hasta en una mitad, es decir, llegar a 9 años de prisión.
Adicionalmente, el médico enfrenta la posibilidad de suspensión o pérdida definitiva de su cédula profesional, así como el pago de indemnizaciones integrales (gastos médicos, funerarios y daño moral) a las familias de las víctimas.
Qué se sabe de las probables causas de muerte
Las investigaciones oficiales apuntan a una combinación de contaminación bacteriana en los sueros vitaminados y una mala práctica sistemática en la preparación y administración de las soluciones.
El secretario de Salud federal, David Kershenobich, señaló que los pacientes presentaron cifras muy elevadas de glóbulos blancos y alteraciones en la coagulación, signos asociados a sepsis, lo que refuerza la hipótesis de una contaminación bacteriana grave.
Las muestras de los insumos asegurados han sido enviadas a laboratorios federales para análisis químicos, toxicológicos e histopatológicos. Las autoridades han detectado irregularidades como el uso de jeringas prerellenadas, material quirúrgico ilegal, y la ausencia de protocolos sanitarios en la clínica. Los insumos, aunque contaban con permisos sanitarios y eran distribuidos legalmente, fueron manejados de forma negligente, lo que constituye la base de la acusación penal.
Además, se han identificado mezclas en los sueros que no solo contenían vitaminas, sino también otras sustancias, incluidas algunas anunciadas como células madre. Estas prácticas han sido señaladas como especialmente peligrosas por las autoridades y cuerpos médicos consultados.
Por su parte, la Secretaría de Salud y la fiscalía estatal continúan con las diligencias e insisten en la importancia de no someterse a procedimientos médicos fuera de clínicas debidamente reguladas y certificadas.
