Por medio de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dio a conocer que el pasado 6 de abril,13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio de Leidy y Alexa, dos niñas de 11 y 7 años respectivamente, así como por tentativa de homicidio de un adolescente de 14 años y otro de 12 años de edad, así como dos adultos más, todos integrantes de la misma familia.
Los hechos, según lo narrado, ocurrieron el pasado 6 de mayo de 2025, en la comunidad de La Cieneguilla, en el estado de Sinaloa, cuando la familia transitaba en una camioneta con dirección a la escuela. Sin embargo, el camino estaba bloqueado, por lo que retomaron hacia su casa, cuando, sin previo aviso ni justificación, un convoy de tres vehículos del Ejército mexicano que circulaba en el otro carril abrió fuego contra su vehículo.
En un principio, se señaló que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente por autoridades.
La familia de las dos menores, desde que ocurrieron los hechos, denunció el uso ilegítimo de y arbitrario de la fuerza y han impulsado, frente a las instituciones de procuración de justicia y jurisdiccionales, acompañadas por el Centro Prodh, que se tomen acciones para acceder a la justicia, contrario a lo que dictan los estándares internacionales sobre la indebida extensión del fuero militar en caso de violaciones graves a derechos humanos, lo que actualmente se encuentra en litigio.
El pasado 31 de marzo del presente año, las víctimas fueron notificadas de que se habían ejecutado varias órdenes de aprehensión contra 13 elementos del Ejército Mexicano. Durante la audiencia, las Agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la FGR presentaron diversos datos de prueba que acreditaban el uso letal de la fuerza de forma injustificada en contra de la familia, sin observar lo establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y estableciendo, adecuadamente, que se trató de una actuación dolosa.
La defensa de los elementos, incluyendo una por parte de la Defensa de Oficio Militar, entre otros argumentos, destacó que los militares actuaron en un contexto de violencia en el estado de Sinaloa, bajo un estado de alerta y nerviosismo.
Dentro de la duplicidad del término constitucional, el Juez de Control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, dictó un auto de vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, bajo la figura de dolo eventual.
Esto, porque los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta probabilidad del resultado letal que ocasionaría al accionar sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia, además de no actualizarse alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Familiares de Leidy y Alexa estuvieron presentes en la audiencia, y pudieron manifestar cómo este evento de uso arbitrario de la fuerza letal destruyó irreparablemente su proyecto de vida, así como su interés en que la justicia sea diligente y expedita.
