La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y el Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford aplaudieron la suspensión del proceso legislativo de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Señalaron que la propuesta de ley contempla disposiciones excesivamente amplias y ambiguas para la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, sin definir con claridad los supuestos aplicables ni establecer mecanismos de control adecuados.
“Es un acierto que, ante las protestas sociales y los señalamientos de diversos sectores, la presidenta de la República haya reconocido la necesidad de abrir un proceso de diálogo con los actores involucrados, con el objetivo de someter la iniciativa a un mayor escrutinio técnico y jurídico”, señalaron.
La BMA y Facultad de Derecho de Stanford subrayaron que cualquier regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión debe alinearse con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
“Instamos a que la futura discusión de esta iniciativa legislativa incorpore un análisis riguroso desde la óptica de los derechos humanos, y en particular, del derecho a la libertad de expresión, conforme al marco constitucional e internacional vigente”, indicaron.
El Senado de la República retiró el dictamen de la Ley de Telecomunicaciones para su discusión en el Pleno, a fin de someterlo a un diálogo abierto, plural y constructivo en el que se buscará la participación de todos los actores económicos, sociales, académicos y técnicos involucrados en la materia.
El diálogo estará coordinado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y apoyado por las comisiones dictaminadoras correspondientes.
La iniciativa de ley ha causado polémica debido a que en su artículo 109 se apunta que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia (de Transformación Digital) para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital”.
Esto ocurrirá “en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables” y la “Agencia emitirá los Lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una Plataforma Digital”.
La oposición ha detallado que esta situación implica lo que denominaron un “autoritarismo digital”, además de que “pone en riesgo la libertad de expresión en México”.
La reforma es parte de la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció para prohibir la propaganda extranjera pagada, tras la difusión en México de comerciales de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, contra la migración ilegal.
