Omar García Harfuch, secretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló en la conferencia matutina de Palacio Nacional que jueces han cambiar medidas cautelares a más de 100 presuntos delincuentes salgan de la cárcel.
“Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos”, sostuvo.
“Se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que significa que más de 100 delincuentes que regresaron a las calles”, lanzó.
García Harfuch aseguró que entre 2024 y 2025 se registró un “alarmante” número de resoluciones judiciales que han favorecido a presuntos delincuentes.
“Tenemos un reporte sobre jueces que han favorecido a presuntos delincuentes, en el periodo comprendido entre 2024 y lo que va de 2025, hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales que, lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecida a quienes las agreden”, manifestó.
Además, se han dado 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran con las formalidades del proceso.
Todo ello, afirmó, pese a que Prevención y Reinserción Social de la SSPC los consideró como “no viables” para estas medidas, por delitos como secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
“Es inaceptable que órganos jurisdiccionales cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia, tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes”, dijo García Harfuch.
Destacó el caso del líder de los Zetas, Miguel Ángel ‘N’, requerido por el Gobierno de Estados Unidos por delitos como asociación delictuosa, contra la salud, lavado de dinero e introducción de armas de fuego, cuya extradición fue bloqueada en más de 79 ocasiones por siete jueces.
También señaló directamente al juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en el Estado de México, quien habría otorgado beneficios a Gerardo Pince Alanís, presunto operador del Cartel del Pacífico, y al ‘Contador’, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cartel del Golfo.
Los hechos reflejan la polémica en torno a la primera elección popular del Poder Judicial en México, cuando un récord de 99.7 millones de votantes están llamados a elegir por primera vez 881 cargos de entre 3.422 candidatos, que incluyen la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.
Las campañas judiciales comenzaron el pasado 30 de marzo y terminarán el 28 de mayo, con alertas de la oposición, organismos internacionales como la ONU, actuales jueces y asociaciones civiles de una posible intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios.
