Cecilia Hernández Flores, síndica procuradora del municipio de Ahome, fue vinculada a proceso por presunto abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos, al considerar el juez que entorpeció una investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) relacionada con un contrato por el arrendamiento de vehículos.
La decisión fue tomada por el juez, quien valoró que existen elementos suficientes para suponer que la funcionaria obstaculizó una indagatoria a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, respecto a un contrato por 126 unidades con la empresa Grinleasing S.A.P.I. de C.V., con un monto de 171 millones de pesos.
La acusación se centra en que Hernández Flores, en su calidad de síndica procuradora, habría omitido proporcionar documentación solicitada hasta en cuatro ocasiones por el Ministerio Público, incluyendo copia del contrato, actas del Comité de Adquisiciones, padrón vehicular, actas de entrega-recepción, cuentas bancarias y el origen de los recursos utilizados para el pago.
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Culiacán, la defensa de Hernández Flores argumentó que la imputación contenía vicios procesales, ya que la FGE calificó el hecho como un delito instantáneo, pese a que hubo múltiples solicitudes de información.
Asimismo, expusieron que en las peticiones enviadas por la Fiscalía se le instruyó a la Síndica que solicitara la documentación a las áreas administrativas del Ayuntamiento, no que la entregara directamente. Según la defensa, Hernández Flores sí dio aviso formal a dichas áreas y manifestó disposición para colaborar.
“No se acreditó una conducta dolosa. Por el contrario, se evidencia que notificó oportunamente a las instancias correspondientes sobre la solicitud de información ministerial”, sostuvieron los abogados.
No obstante, la Fiscalía respondió que, como funcionaria pública, Hernández Flores tiene la responsabilidad de conocer y cumplir sus atribuciones, entre ellas recabar y proporcionar información cuando así lo requiere una autoridad investigadora. Al no hacerlo, argumentaron, se incurrió en obstrucción.
El juez Herrera coincidió con esa postura y determinó que sí hubo elementos para presumir que la Síndica Procuradora obstaculizó la labor del Ministerio Público. Aun así, instruyó a la Fiscalía a investigar también a los funcionarios municipales de las áreas administrativas que presuntamente no colaboraron.
La causa penal 962/2025 permanecerá abierta durante un periodo de tres meses para investigación complementaria, que concluye el 25 de septiembre. Como medida cautelar, y por motivos personales justificados por la defensa, el juez dictó únicamente la restricción de no salir del país sin autorización judicial.
