Por presuntas irregularidades en la renta de patrullas en el municipio de Ahome, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa obtuvo este martes 8 de julio la vinculación a proceso de nueve personas, entre ellas exfuncionarios municipales y miembros del Comité de Adquisiciones, por su probable responsabilidad en los delitos de Desempeño Irregular de la Función Pública y Ejercicio Indebido del Servicio Público.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los hechos están relacionados con la Causa Penal 1026/2025, que deriva del contrato de arrendamiento de 135 patrullas celebrado en diciembre de 2021 mediante adjudicación directa, sin licitación pública, lo que habría generado un detrimento al patrimonio del municipio.
Las personas vinculadas a proceso son Genaro García Castro, exsecretario del Ayuntamiento; Julio César Romanillo Montoya, exsecretario de Seguridad; Antonio Humberto Vega Arellano, extesorero municipal; Gerardo Hervás Quindos, exdirector de Administración; Héctor Adonai Beltrán, exdirector de Egresos; Mary Sol Morales y Judith Luna Castro, ambas exregidoras; así como Fausto Ibarra Celis, exdirector del Órgano de Control Interno. Todos ellos formaban parte del Comité de Adquisiciones.
La investigación señala que los entonces funcionarios autorizaron de manera ilegal, mediante adjudicación directa, un contrato inicial por 126 unidades motrices acondicionadas como patrullas, con un monto de 171.4 millones de pesos, el cual fue modificado posteriormente para aumentar el número de unidades a 135, con cambios en marcas y precios, hasta alcanzar un pago de 161.1 millones de pesos.
Subarrendaron unidades a un tercero generando un sobreprecio
La Fiscalía detectó que para cumplir con el contrato, la empresa arrendadora subarrendó las unidades a un tercero, lo que generó un sobreprecio estimado en 42.4 millones de pesos, al no haberse realizado el procedimiento de licitación pública como lo establece la ley.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba, y el Juez de Control resolvió vincular a proceso a todos los imputados, al considerar que existen indicios razonables sobre su probable responsabilidad.
Como medidas cautelares, se impuso la presentación periódica mensual ante UMECA y la prohibición de salir del país a siete de los involucrados. A Julio César Romanillo Montoya y Antonio Humberto Vega Arellano, solo se les fijó la presentación periódica. El plazo para el cierre de la investigación complementaria es de seis meses.
