Culiacán, Sin (RI Noticias).- Los colectivos de búsqueda entre ellos Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana y familias de personas desaparecidas denunciaron públicamente graves inconsistencias en el proceso de exhumación que se realiza en el panteón municipal 21 de Marzo.
Aseguran que se les ha negado su derecho a observar y documentar las jornadas, lo que pone en duda la transparencia del procedimiento.
Tras tres semanas de espera, las familias acusan que cinco cuerpos fueron exhumados sin previo aviso y sin que ellas estuvieran presentes, a pesar de haber solicitado estar como observadoras, como marca la ley.
Denuncian que los cuerpos fueron sacados cuando ya se habían retirado del lugar, lo que consideran una falta de respeto y un acto de ocultamiento.
“Nosotras confiamos, creímos en las autoridades, y aun así taparon las fosas y sacaron los cuerpos cuando ya nos habíamos ido. No es justo”, expresó Rosa Neris, integrante del colectivo.
“Lo único que pedimos es información, no abrazos simbólicos del gobernador. Necesitamos saber con certeza qué se está haciendo. ¿Dónde están los registros? ¿Dónde están las evidencias de que realmente se exhumaron esos cinco cuerpos?”, declaró Alma Rosa Rojo, quien busca a su hermano desaparecido desde 2009.
Las familias sostienen que la subsecretaria de Derechos Humanos, Patricia Figueroa, ha actuado con prepotencia y falta de sensibilidad, impidiendo que representantes de los colectivos estén presentes durante los trabajos, incluso bloqueando la visibilidad con mallas y vallas humanas.
Pese a haber solicitado presencia como observadoras aseguran que sus demandas han sido ignoradas, y la información proporcionada es escasa o nula.
Los colectivos también denunciaron que en otras regiones del país, como Coahuila y Morelos, las exhumaciones se realizan con participación activa de las familias, información clara y acceso al proceso, sin embargo, en Sinaloa esto no se ha replicado.
Además, cuestionan la falta de certeza científica en los procesos de identificación.
Las familias han presentado una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y anunciaron que interpondrán una segunda ante la gravedad de los hechos.
Finalmente, hicieron un llamado al gobernador Rubén Rocha Moya para sostener una reunión directa, en la que puedan expresar su inconformidad y exigir transparencia, verdad y respeto.
