El diario Semana publicó este viernes una carta del Grupo Libertad y Democracia, firmada por 28 ex presidentes de derecha de América Latina y España, dirigida a la ONU, la OEA y la CIDH, en la que expresan su apoyo al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y denuncian “graves afectaciones a sus derechos humanos” en el proceso judicial en su contra.
En la carta se afirmaba que “Uribe es un colombiano ejemplar”
Entre los firmantes figuran exmandatarios como:
- Iván Duque (Colombia)
- Mauricio Macri (Argentina)
- Lenin Moreno (Ecuador)
- Vicente Fox y Felipe Calderón (México)
- José María Aznar y Mariano Rajoy (España)
En el documento, los exgobernantes califican a Uribe como un “colombiano ejemplar” y aseguran que se ha sometido a la justicia “compareciendo personalmente y colaborando en cada instancia”, pese a lo que describen como un proceso lleno de “vulneraciones e irregularidades”.
Advierten que el anuncio de condena en primera instancia “se construyó sobre una cadena de irregularidades” y subrayan que su objetivo no es presionar a la justicia colombiana, sino “denunciar un patrón histórico estructural” que, según ellos, afecta el debido proceso.
El caso judicial contra Uribe
Uribe enfrenta cargos por presunto fraude procesal y soborno de testigos en un caso que se remonta a 2012. Sus seguidores insisten en que es víctima de una persecución política, mientras sus críticos sostienen que el proceso es un avance en la lucha contra la impunidad.
La carta señala que “las consecuencias jurídicas hoy se han materializado con un anuncio de condena” y pide a los organismos internacionales “atención oportuna”.
La publicación de la carta en Semana, medio alineado con la derecha colombiana, ha generado polarización. Sectores uribistas celebran el respaldo internacional, mientras opositores lo ven como un intento de injerencia en la justicia nacional.
Críticos señalan la ironía de que exmandatarios, algunos con procesos judiciales propios, defiendan a Uribe bajo el argumento del debido proceso, cuando durante sus gobiernos fueron acusados de debilitar sistemas judiciales.
