Culiacán, Sin (RI Noticias).-Tras la manifestación realizada este viernes en la FGE donde animalistas y sociedad civil exigieron justicia para los casos de maltrato animal, Francisco Javier Villarreal Gastélum, presidente de la Federación del Colegio de Abogados de Sinaloa (FAS), mostró su apoyo al decir que los gobiernos municipal y estatal deben contar con albergues dignos y programas de protección animal, así como sanciones para los agresores.
El presidente de la FAS recordó que desde 2016, el artículo 364 del Código Penal de Sinaloa establece sanciones de 6 meses a 2 años de prisión para quienes causen la muerte a un animal doméstico, así como de 6 meses a 3 años de cárcel cuando el maltrato es cometido con crueldad, aunque no cause la muerte.
Villarreal Gastélum resaltó que muchas personas justifican actos violentos alegando que los animales son agresivos o están en la calle, sin embargo, explicó que los perros y gatos, al ser animales domésticos, tienen derecho a la vida y merecen protección legal.
Además, señaló que no basta con tener una ley, sino que se necesita una verdadera aplicación de justicia y la creación de una fiscalía especializada en maltrato animal.
También se mostró a favor de que se reforme la ley para aumentar las penas hasta 10 años de prisión, como se exige desde distintos sectores de la sociedad.
“Obviamente estamos a favor de la vida en cuanto a ese a ese tipo de de eventualidad, porque no dejan de ser un compañero de un hogar de vida, incluso se pueden convertir en parte de la familia”
El abogado propuso que, así como se exige sembrar árboles para ciertos trámites municipales, se podría pedir adoptar un animal como parte de un incentivo legal.
En ese sentido destacó la urgencia de que el gobierno estatal y municipal creé albergues oficiales donde los animales sin hogar reciban atención, sean esterilizados y puestos en adopción.
Finalmente, expresó que no se puede seguir permitiendo que las leyes sean “letra muerta” ya que si existe una ley de protección animal, debe aplicarse con rigor, y acompañarse de políticas públicas que garanticen el bienestar animal y fomenten una cultura de respeto hacia todos los seres vivos.
