Mazatlán, Sin (RI Noticias).– Un total de 20 reformas constitucionales fueron impulsadas en el último año con dos ejes centrales: revertir privatizaciones y garantizar programas sociales como derechos universales.
La diputada Graciela Domínguez explicó que en el primer eje, las propuestas buscan desmantelar políticas neoliberales aplicadas en décadas anteriores que permitieron la privatización de empresas estratégicas.
La intención es que Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los ferrocarriles regresen a la rectoría del Estado, con el objetivo de fortalecer su operación y garantizar que los beneficios de estas actividades se destinen al desarrollo nacional.
El segundo eje plantea que los programas sociales actuales, como pensiones, becas y apoyos alimentarios, queden establecidos en la Constitución como derechos universales. Esto implica que no puedan ser condicionados por motivos electorales ni sujetos a recortes discrecionales.
“Somos la primera fuerza política que nos atrevemos a convertirlos en derechos”, señaló.
De aprobarse, estas reformas modificarían de manera estructural el papel del Estado en la economía y la protección social, con un enfoque en la recuperación del control de sectores clave.
