Después de perder en los tribunales inferiores, el presidente Donald Trump planea tomar su caso para la autoridad de imponer unilateralmente aranceles a la Corte Suprema y a la plaza pública.
Pero sus ayudantes también han explorado métodos alternativos para imponer impuestos a la importación de bienes extranjeros, según un alto funcionario de la Casa Blanca y dos personas familiarizadas con las discusiones internas.
Los planes de respaldo han sido parte de las discusiones internas durante muchos meses porque algunos funcionarios de la Casa Blanca anticiparon la posibilidad de que los tribunales intervinieran para detener los aranceles de Trump, desafiando el método que usó para imponerlos, que fue impulsado por el consejero comercial senior Peter Navarro, según dos personas familiarizadas con la dinámica.
Trump no ha podido usar aranceles para forzar mejores condiciones comerciales con tantas naciones extranjeras tan rápido como le hubiera gustado, y la batalla judicial podría retrasar aún más esas negociaciones.
Pero incluso si la Corte Suprema rechaza a Trump, estará listo para seguir adelante con otras opciones arancelarias, dijeron estas personas.
El miércoles, Trump pidió a la Corte Suprema que revisara rápidamente un fallo del tribunal de apelaciones de que una ley de seguridad nacional de la década de 1970, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), no otorga al presidente el poder de establecer aranceles.
En una decisión de 7-4, la mayoría de los jueces de los EE. UU. El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal dictaminó que, si bien la ley, que Trump citó en una serie de órdenes ejecutivas que establecían aranceles, otorga al presidente importantes poderes de emergencia, “ninguna de ellas incluye explícitamente el poder de imponer aranceles, aranceles”.
Los aliados de Trump dicen que confían en que la Corte Suprema, donde tres de los seis jueces nombrados republicanos fueron elegidos por Trump en su primer mandato, proporcionará una interpretación más favorable de la autoridad del ejecutivo. Un agente republicano que está cerca de la Casa Blanca describió un tribunal que buscará una justificación para preservar o expandir el poder del presidente, en lugar de una razón para limitarlo.
Incluso si los jueces terminan dejando que la opinión del tribunal de apelación se mante, Trump tiene una serie de opciones para perseguir aranceles a través de una serie de leyes en las que el Congreso ha delegado su poder constitucional para imponer aranceles al presidente.
La que ha recibido más atención es la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que faculta al presidente para ajustar los derechos sobre bienes específicos “para que dichas importaciones no amenacen con perjudicar la seguridad nacional” después de una investigación de la administración sobre las prácticas comerciales. Muchos de los aranceles actuales y pendientes de Trump, sobre artículos como acero, aluminio y automóviles, caen bajo la Sección 232 y no se verían directamente afectados por un fallo adverso sobre su uso de IEEPA.
Otro, la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, otorga al representante comercial de los Estados Unidos autoridad para investigar si los derechos de los Estados Unidos están siendo negados bajo cualquier pacto comercial y, a la dirección del presidente, tomar medidas legales para rectificar eso. Con los poderes arancelarios del presidente en cuestión, no está claro cómo la Sección 301 podría, o se utilizaría, para implementar los aranceles.
Ninguna de esas leyes prevé el tipo de autoridad arancelaria acelerada y de mano que Trump buscó a través de IEEPA, y cada una viene con sus propios inconvenientes, legales y logísticos, mientras Trump intenta usar la fuerza de los deberes para darle a Estados Unidos una mano más fuerte en el comercio internacional.
