“Vivir en Sinaloa significa salir de casa sin saber si volverás con vida; significa mandar a tus hijos a la escuela con la esperanza de que no ocurra una balacera cerca.”
En conferencia de prensa, la senadora Paloma Sánchez Ramos del Partido Revolucionario Institucional denunció que, a un año de las balaceras y bloqueos del 9 de septiembre de 2024, Sinaloa sigue atrapado en una espiral de violencia que mantiene a la población bajo el miedo y la incertidumbre.
Destacó que la violencia no solo cobra vidas, también arrebata la tranquilidad de las familias: “Hoy salir a trabajar o llevar a los hijos a la escuela implica el riesgo de no regresar a casa”, señaló.
La legisladora sinaloense expuso que la delincuencia organizada controla distritos de riego, impone cuotas a productores, decide si los pescadores pueden pescar y extorsiona a comerciantes, con la permisividad del gobierno. “Los sinaloenses permanecen secuestrados por la violencia, mientras sus calles, negocios y hogares son quemados por el crimen”, afirmó.
Advirtió que el crimen recluta a jóvenes ante la falta de oportunidades, y que el abandono estatal ha normalizado un escenario donde la niñez paga las consecuencias: 142 menores desaparecidos y más de 60 asesinados en solo un año.
La priista criticó que la respuesta oficial se limite a reuniones del gabinete de seguridad en Culiacán, sin acuerdos ni compromisos verificables. “Cada visita es más de lo mismo: promesas sin estrategia, discursos sin resultados”, subrayó.
También acusó al gobernador Rubén Rocha Moya de guardar silencio y minimizar la tragedia: “Su indiferencia lo coloca como cómplice de los criminales. No gobierna, se esconde y deja en el abandono a millones de sinaloenses”.
Ante la necesidad de buscar alternativas para recuperar la paz en Sinaloa, la Senadora Paloma Sánchez presentó ante el pleno del Senado una iniciativa para expedir la Ley de Pacificación y Reconstrucción Social en Zonas Afectadas por Violencia. En ella, la senadora sinaloense propone crear un nuevo marco legal que le dé a las autoridades la capacidad de impulsar medidas emergentes para combatir la violencia con más operativos de seguridad; con apoyos económicos y subsidios para el empleo y mecanismos de justicia restaurativa para las comunidades donde el crimen organizado manda.
Por último, la Senadora reconoció el valor de los más de 50 mil ciudadanos que marcharon el domingo pasado, así como el de periodistas y activistas que, pese a la inseguridad, continúan con las denuncias y la exigencia de justicia.
“En Sinaloa no nos resignamos. No aceptamos que la narcocultura defina nuestra identidad ni que los criminales decidan nuestro futuro. Vamos a seguir alzando la voz hasta que haya paz y justicia para nuestras familias”, concluyó.
